PP y PSOE alcanzaron ayer un principio de acuerdo para celebrar dos debates electorales televisados entre los dos aspirantes a presidir el Gobierno, Rajoy y Zapatero, antes de las próximas elecciones; uno al final de la precampaña o en la primera semana de campaña, y otro en el último tramo de la carrera del 9 de marzo.
Este pacto en ciernes, sobre el que aún falta detallar las cadenas en que se celebrarán, el temario y el formato, debe concretarse cuanto antes y sentar las bases de la normalización o institucionalización de los debates televisados entre candidatos. No es admisible que en una democracia consolidada como la nuestra, los cara a cara sean una excepción en lugar de una obligación.
El último debate televisado entre candidatos a presidente del Gobierno lo protagonizaron Felipe González y José María Aznar hace nada menos que 14 años, lo que prueba hasta qué punto los partidos en el poder han priorizado sus estrategias para estimular o eludir estos lances, en función de cómo les ha ido en las encuestas. Una posición aventajada puede sugerir la conveniencia de no arriesgar y evitar un encuentro que, sin duda, interesa a los ciudadanos y enriquece a la democracia. No en balde, aquéllos duelos González-Aznar de 1993 cosecharon unas audiencias de en torno a los diez millones de telespectadores. Los debates electorales no pueden ser un instrumento al servicio de los partidos, ni una oportunidad de negocio con la que premiar o amistarse con tal o cual cadena, sino un derecho de los ciudadanos y un deber de los candidatos.
El PSOE ha propuesto que sean los partidos los que organicen el set de los debates «y que todas las televisiones, públicas y privadas, dependientes e independientes» puedan emitirlos en igualdad de condiciones. EL MUNDO apoya esta iniciativa, que permitiría impulsar el debate político en la sociedad y evitar que pasen otros 14 años sin un contraste de ideas televisado entre los aspirantes.
Por otro lado, si algún sentido tiene una televisión pública cuyo contrato programa nos va a costar este año 500 millones es servir de marco a este tipo de careos. La negativa de Rajoy a participar en un mano a mano con Zapatero en TVE es pues -además de una equivocación estratégica impropia de un candidato obligado a romper un empate- una incongruencia.
Ahora, lo prioritario es fijar las circunstancias de los debates y que ninguno de los dos partidos utilice sus condiciones para abortar la iniciativa. Si renuncian a estrategias de vuelo raso y este acuerdo se cierra, darán a los ciudadanos una razón de peso para creer en la política y acudir con ilusión a las urnas.
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