En ese mismo estatus permanecerá un mes más, ya en España, para la redacción final del trabajo, titulado Análisis y reflexión sobre un modelo comparado de instrucción judicial en materia terrorista: Francia-España. Especial referencia al terrorismo yihadista.

Así lo ha aprobado el Consejo General del Poder Judicial, que ha concedido a Del Olmo una comisión de servicio para que pueda desarrollar el proyecto que él mismo ha propuesto al Institut des Hautes Etudes sur la Justice. El IHEJ se ha mostrado très hereux («muy feliz») de recibir al juez español, aunque no contribuirá a la financiación de su estancia, que correrá a cargo del erario español.

Durante los cinco meses de ausencia de Juan del Olmo, el Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que se sigue investigando el 11-M, estará atendido por otro juez que el CGPJ nombrará en comisión de servicio.

La comisión de servicio con relevación de funciones jurisdiccionales concedida a Juan del Olmo le tendrá alejado del Juzgado Central de Instrucción número 6 desde el próximo 8 de enero hasta el 31 de mayo.

Siguiendo la estela de su compañero Baltasar Garzón, al que el Consejo General del Poder Judicial le concedió una licencia para residir en Estados Unidos durante 16 meses, Del Olmo se trasladará a París de enero a abril, ambos inclusive, durante la primera fase del proyecto de investigación que quiere desarrollar. En mayo volverá a España para redactar, a lo largo de ese mes, el análisis final.

Se trata de un proyecto que el instructor del 11-M ha ofrecido al Institut des Hautes Etudes sur la Justice, que ha aceptado recibir al juez español y facilitarle medios materiales y contactos con autoridades judiciales y policiales francesas.

El escrito que Del Olmo ha remitido al CGPJ para justificar la petición de licencia retribuida arranca con una mención directa a su papel como instructor del 11-M. «La vivencia en España, con ocasión de los atentados terroristas del 11 de marzo y 3 de abril de 2004, de una manifestación tan cruda del terrorismo, obligó a una instrucción judicial compleja», afirma.

«El modelo de instrucción judicial en España debe ser analizado respecto a su aplicación concreta a un caso extremo y especialmente complicado como el mencionado», añade el juez, que indica que «en la instrucción judicial concluida se utilizaron todos los resortes legales, personales y materiales con que el Estado de Derecho en España contaba para la investigación de este tipo de delincuencia».

«Procede», dice, «su análisis riguroso desde el prisma estrictamente judicial instructorio. Extraer de ello unas conclusiones es ineludible».

Del Olmo quiere centrar su trabajo en tres «factores de análisis»: la realidad normativa española aplicada en la instrucción judicial, la aplicación de esa normativa «en un caso de gravedad y complejidad extrema, como han sido los atentados reseñados» y su comparación con un sistema judicial afín, como el francés, «que también ha debido utilizar legislación antiterrorista ante manifestaciones terroristas de muy diverso tipo».

El juez se propone analizar cuestiones que van desde la jurisdicción y competencia para asuntos terroristas a los sistemas de instrucción penal en Francia y España, las medidas de investigación de delitos terroristas (seguimientos y vigilancias, pruebas de ADN, reconocimientos, etc.) y los sistemas de cooperación internacional.

Del Olmo precisaba en su escrito al órgano de gobierno de los jueces que «la fase en Francia y la última fase en España requerirían licencia por estudios, con relevación de funciones jurisdiccionales y con mantenimiento de las retribuciones íntegras percibidas, incluidos complementos».

«La fase en Francia», añadía, «haría necesaria una contribución económica complementaria [del sueldo] a fin de hacer frente a los gastos de alojamiento en sentido estricto, que habrá de atender a razones de seguridad».

La Comisión Permanente del CGPJ acogió por unanimidad la solicitud del juez del Olmo en una reunión celebrada el pasado día 5.

El Consejo justifica la concesión de la comisión de servicio por «la relevancia para la seguridad pública de la respuesta del sistema penal frente al terrorismo yihadista y teniendo en cuenta especialmente la importancia de la cooperación judicial internacional para avanzar en la lucha eficaz contra dicho tipo de terrorismo».

Además de mantener las retribuciones íntegras que le corresponden como juez instructor de la Audiencia Nacional, el acuerdo del CGPJ especifica que Del Olmo recibirá un complemento (indemnización por residencia eventual) que ascenderá a 17.156,54 euros por los cuatro meses que vivirá en París.

La comisión de servicios a Del Olmo ha sido informada «muy favorablemente» por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y obligará a destinar a otro juez al Juzgado Central de Instrucción número 6 -donde se sigue investigando el 11-M- para suplir la ausencia de su titular.

El permiso. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado día 5 la comisión de servicio a favor de Juan del Olmo debido a la «relevancia para la seguridad pública» del proyecto de investigación que va a realizar en Francia.

Cinco meses fuera del Juzgado. Del Olmo, que el pasado octubre intentó, sin éxito, obtener un destino en la Audiencia Provincial de Murcia (la plaza vacante fue asignada a otro magistrado más antiguo que él), estará liberado del Juzgado Central de Instrucción número 6 durante cinco meses. Los cuatro primeros (de enero a abril) residirá en París y el último, en España, donde redactará el análisis final.

Retribuciones. Aunque no esté desempeñando funciones jurisdiccionales, Juan del Olmo mantendrá su salario íntegro, incluidos los complementos. Además, recibirá dietas (indemnización por residencia eventual) por un valor total de 17.155,54 euros por los cuatro meses que vivirá en la capital francesa.