En esa reunión, la mujer le contó al magistrado que había identificado, como uno de los autores de aquel atentado, a Mustafá Setmarian, un peligroso terrorista sirio de Al Qaeda nacionalizado español. Esto motivó la reapertura del caso y la concesión del estatus de testigo protegido para la mujer. Que Elisa Beni lo sacara a la luz después ha hecho necesario todo un dispositivo policial de contravigilancia.

Bermúdez había aceptado reunirse con la testigo de El Descanso a petición de Manjón y, al considerar de interés los datos aportados por esta mujer, los remitió al juez instructor de la causa, el magistrado Ismael Moreno, que le tomó testimonio y le otorgó la condición de testigo protegido.

En el libro La soledad del juzgador, la autora (esposa del citado magistrado) narra el encuentro con toda naturalidad. La presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, aseguró públicamente que la revelación de esos datos ponía en peligro la vida de las personas que se habían reunido con el presidente de la sala del 11-M y pidió más protección. Pero su queja no se limitó a los medios de comunicación. La representante de las víctimas, junto a su abogado y la testigo protegida del caso El Descanso, se personaron en la Audiencia Nacional para pedir explicaciones y, sobre todo, para denunciar la situación de riesgo generada por la divulgación de una reunión que, a su entender, debería permanecer en secreto y que ponía en peligro a la testigo protegida.

Pero el sumario ya no estaba en poder del hasta entonces instructor de la causa, el magistrado Ismael Moreno, primero al que acudieron a visitar. El asunto estaba ya en la Sala, en concreto en la sección presidida por el magistrado García Nicolás. Manjón, la testigo y el abogado fueron entonces a hablar con el ponente de la Sala, el magistrado Julio de Diego. En este encuentro le explicaron con detalle el desarrollo de los acontecimientos y quedaron en enviarle un escrito con el relato de hechos y demandando mayor seguridad para la testigo protegida, cuya declaración había provocado la reapertura del sumario contra Setmarian.

El informe

Sin embargo, pasaron los días y el ponente no recibió el informe que se habían comprometido a enviarle los protagonistas de la reunión. Cuando posteriormente se encontró con el abogado de la asociación de víctimas en la Audiencia Nacional y le preguntó por el escrito y la fecha en la que se lo iba a remitir, el letrado le contestó que finalmente no lo iban a presentar porque había intervenido el presidente de la sala del 11-M, el juez Gómez Bermúdez, y había hablado ya con ellos (Manjón, testigo y abogado).

Parece que ese encuentro tranquilizó a las personas que se habían sentido ofendidas y, probablemente también, solucionó el problema de la inseguridad generada, a su entender, por las revelaciones del libro.

De hecho, Interior ordenó poco después que se pusiera en marcha un dispositivo especial de seguridad sobre esta testigo protegida.

De Diego, al igual que hiciera sobre el primer encuentro con el abogado, con Pilar Manjón y con la testigo, hizo una diligencia de constancia que incorporó a la pieza separada surgida del caso, en el que narraba los detalles que había puesto en su conocimiento el abogado de Manjón en su charla de la Audiencia Nacional. En dicha diligencia, queda constancia de la intervención del presidente de la Sala, según el relato del letrado al juez.

Pese a la falta de escrito del abogado, la Sala tomó la decisión de solicitar al Ministerio del Interior para que evaluara el riesgo que la publicación del libro de la mujer del juez había supuesto para la testigo protegida y actuara en consecuencia.

De modo que, cuando los magistrados realizaron las gestiones con los responsables de seguridad de la Audiencia, recibieron la noticia de que ya se había reforzado la seguridad de la testigo protegida con medidas de contravigilancia. Según explicaron fuentes del procedimiento, efectivamente, fue la gestión de Gómez Bermúdez la que logró templar los ánimos de las afectadas.

La pasada semana, el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial aseguró en su escrito de conclusiones sobre la actuación de Gómez Bermúdez respecto al libro de su esposa que «no se ha podido determinar ninguna revelación de hechos o datos que no figurasen ya en las actuaciones judiciales» y pudiesen ser difundidos en virtud del principio de publicidad de las actuaciones judiciales. En cualquier caso, si el deber de sigilo es obligado, en el caso del los testigos protegidos debe ser extremo y, por su propia naturaleza, ningún dato debe ser difundido y menos por el propio juez que ha propiciado que le den a la testigo el estatuto de protegida.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial existe una infracción disciplinaria que sanciona la revelación «por el juez o magistrado, de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio (...) a cualquier persona».

Interior puso en marcha un despliegue de seguridad especial sobre la testigo protegido a raíz de la publicación de datos suyos en el libro de la mujer del juez.

«El juez (Gómez Bermúdez) recibe una llamada de Pilar Manjón con la que ya había mantenido contactos para concertar una cita y acompañar a una víctima que, según le dice, desea hablar con él. La víctima lo es del atentado contra el restaurante 'El Descanso' (...) Manjón aparece con una mujer que afirmaba haber reconocido en una fotografía a una persona que en su día vio en el restaurante (...) Ante esto, el presidente de la Sala remitió a la mujer al Juzgado Central de Instrucción 1. El juez Ismael Moreno ordenó, poco después, en septiembre, la reapertura de la causa por ese atentado y declaró a la mujer testigo protegido».