Además, Zapatero instó a que se haga una propuesta y a incluirla en la oferta programática, lo que posiblemente conllevará una ampliación de la Ley del Aborto.

Zapatero hizo esta reflexión tras escuchar una batería de intervenciones, mayoritariamente de las mujeres de la dirección del PSOE, defendiendo que se aborde el asunto «con coraje» y que se comprometa a una ley de plazos.

El PSOE ya incluyó la ley de plazos en el programa de 2004, pero renunció a ella nada más iniciarse la legislatura.

El líder del PSOE no concretó qué nueva regulación debe contemplar el programa, pero para todos los presentes estuvo muy claro que Zapatero -en contra de lo que se había dicho sobre éste y otros temas polémicos, que parecía que iba a eludir el programa electoral-, no va a esconderse por motivos electorales y está dispuesto a afrontar el espinoso asunto en la línea política que las mujeres del PSOE llevan definiendo desde que en 2000 se hizo cargo de la Secretaría de Igualdad del partido Micaela Navarro.

La mayoría de las intervenciones que hubo en la reunión interna de la dirección del PSOE defendió que la actual regulación del aborto tiene 22 años y está «obsoleta»; que el tercer supuesto (el llamado terapéutico, que incluye motivos psicológicos) es un coladero porque no contempla plazos, y que todo esto conduce a la «hipocresía social» de que en torno al 95% de los abortos en España se practica en clínicas privadas.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, abrió el fuego para pedir que se cumpla ya el programa de 2004, que contemplaba una ley de plazos.

A Montaño le siguió Leire Pajín, quien reclamó lo mismo y, además, argumentó que la actual legislación deja en una total indefensión tanto a las mujeres como a los profesionales de la medicina.

Pajín, que conoce muy bien el tema, fue la que más insistió a Zapatero en que el PSOE no puede mirar hacia otro lado ante este problema y, sobre todo, ante la ofensiva conservadora que está habiendo y que, en su opinión, se está visualizando en el acoso a las clínicas abortistas.

También intervinieron, en la misma línea, Carmen Hermosín y Elena Valenciano. La responsable de Política Autonómica del PSOE hizo un discurso «muy bonito» -según varios de los presentes en la reunión-, denunciando que estos temas sólo aparecen cuando gobierna la izquierda, aunque ocurra exactamente lo mismo cuando lo hace la derecha. Por ello, Hermosín defendió que hay que dar una respuesta.

Valenciano, que es feminista, defendió la necesidad de abordar el cuarto supuesto y que la decisión, dentro de una ley de plazos, debe estar siempre en manos de la mujer.

Esto es lo habitual en toda Europa y, curiosamente, es Holanda el país que lleva la ley de plazos más allá -hasta la semana número 20 del embarazo-, pero es donde menos abortos se dan.

A esta misma línea ideológica se sumaron dos hombres en la reunión de la dirección del PSOE: Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido. El ex ministro de Justicia recordó que él mismo renunció a cumplir este aspecto del programa en 2004 -en su primera comparencia ante el Congreso y el Senado- al entender que no existía una especial conflictividad en torno a este asunto en la sociedad.

Sin embargo, López Aguilar sí indicó en la reunión que ahora era necesario abordar el asunto ante las nuevas situaciones que se producen y, en especial, incidió en dos factores: los embarazos no deseados, sobre todo en jóvenes, y la población inmigrante, que ve el aborto como medida anticonceptiva normal.

Por ello, el ex ministro defendió también una respuesta «valiente, y que, como siempre, debe venir de los socialistas». Según fuentes consultadas, expuso que el PSOE tiene que volver a dar la cara ante la campaña ultracatólica y conservadora abierta, tal y como hizo en 1983.

Pese al visto bueno del líder a abordar el tema, algunos dirigentes socialistas creen que es un error entrar en este asunto a tres meses de las elecciones, y que se puede caer en una «trampa» puesta por los sectores más conservadores para volver a promover el conflicto con la Iglesia. Sea como sea, habrá una nueva regulación del aborto en la próxima legislatura si ganan los socialistas, y así lo contemplará el programa electoral.

De hecho, en el movimiento feminista hay una honda preocupación por lo que está ocurriendo, y se estaba estudiando estos días cómo responder con sensatez y coherencia a un viejo tema -que un día fue una de sus banderas-, que ya se creía parcialmente superado. Al feminismo nunca le gustó la legislación de 1983 -que no se llegó a aplicar hasta 1985, debido a un recurso previo de inconstitucionalidad- pero no estaba especialmente beligerante en esta materia hasta estas últimas semanas.

Esta tarde, el Congreso de los Diputados prevé votar una moción presentada por IU-ICV que pide abrir un debate que permita modificar la Ley del Aborto en España y pasar de un sistema basado en supuestos legales para la interrupción del embarazo a otro de plazos y convierta esta práctica en una prestación sanitaria más de la red sanitaria pública. El pasado miércoles, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reconoció que la regulación penal actual del aborto en España es susceptible de muchas mejoras que necesitarían el consenso de todos los grupos.

La Ley 9/1985 contempla tres supuestos en los que no es punible el aborto:

Cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y así conste en un dictamen médico.

Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, siempre que se practique dentro de las 12 primeras semanas.

Cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, y el aborto se practique antes de las 22 primeras semanas de embarazo.