Zapatero ha cedido a las presiones de un sector de la ejecutiva de su partido y ha aceptado, finalmente, incluir en el programa electoral la reforma de la ley del aborto para ampliar los supuestos de despenalización hasta convertirla en una pura ley de plazos. Esta decisión supone, desde el punto de vista político, alejarse de posiciones moderadas, o sea, desandar parte del camino hacia el centro que había iniciado el presidente ante la proximidad de la cita electoral. A buen seguro, este paso causará una nueva quiebra en la convivencia, cuando la sociedad española aún no ha digerido otros debates abiertos por el Gobierno de Zapatero, como el de la ley de la memoria histórica, la ley que permite el matrimonio entre homosexuales o la que obliga a estudiar Educación para la Ciudadanía. Posiblemente la cuestión del aborto sea más controvertida que las anteriores, por lo sensible de la problemática y la carga emotiva que comporta. Con su decisión, Zapatero incomodará a parte de su electorado católico y precipitará un nuevo enfrentamiento con la Iglesia.
Lo sorprendente es que el PSOE, al apostar ahora por revisar la legislación sobre el aborto, revierte la posición que ha mantenido en los últimos cuatro años. Desde el principio de la legislatura se opuso a la despenalización que proponían algunos de sus socios parlamentarios, con el argumento de que no existía una demanda social que exigiera la modificación de la normativa. Esa es precisamente nuestra postura. Hoy hay un consenso social en torno a los términos que marca la ley, que viene avalada además por la doctrina del Tribunal Constitucional: hay dos derechos a proteger, los de la madre y los del nasciturus, y tres supuestos (violación, malformación del feto y «grave peligro para la salud física o psíquica» de la mujer) para interrumpir el embarazo. Es cierto que la normativa es mejorable, pero no necesariamente en el sentido de permitir una mayor discrecionalidad porque, en la práctica, el hecho de que no exista limitación temporal para alegar posibles daños psíquicos, se ha convertido en un coladero al que se acoge la mayoría de las mujeres que deciden abortar.
Lo oportuno en este momento sería aplicar la ley con rigor para que no suceda lo que acaba de ocurrir en una clínica privada de Barcelona: que se camuflen como legales abortos que no podrían llevarse a cabo ni siquiera con una ley de plazos, considerada a priori menos restrictiva porque despenaliza totalmente la interrupción del embarazo, por lo general, hasta las 12 o 16 semanas de gestación.
La pretensión del PSOE de revestir de feminismo su propuesta de ampliar los supuestos del aborto, igual que el intento de justificar un cambio de la ley como respuesta a la campaña ultracatólica que dice haber detectado en España, suenan a excusa. Antes de plantear una nueva legislación que carece de consenso y sólo generará más polémica y crispación habría que poner los medios para que la normativa vigente funcione con todas las garantías. Porque se da la paradoja de que, a la hora de la verdad, el aborto es hoy más libre en España que en otros países, a pesar de no haber sido excluido del Código Penal.
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