La propuesta, que se revisaría en un año, ha sufrido modificaciones de última hora. La más significativa es que los equipos de mayor uso entre las familias como el CD y el DVD -están siendo sustituidos por las nuevas tecnologías- verán reducidas sus tarifas en un 20%. En concreto, pagarán entre 17 y 44 céntimos de euros. Pero el canon no sólo gravará a los soportes tradicionales, sino a otros nuevos como los teléfonos móviles (1,5 euros por unidad), los reproductores MP3 (3,15 euros) o los lápices con memoria USB (30 céntimos).

La concentración de protesta de ayer, convocada por los partidarios del canon que dicen defender la copia privada, reunió a un grupo de artistas temerosos de que hoy pueda repetirse en el Congreso lo que el martes pasado ocurrió en el Senado. Contra todo pronóstico, en la Cámara Alta se aprobó una enmienda de Entesa Catalana -integra a los partidos del Gobierno catalán, que incluye al PSC- al Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), a la que se sumó el PP, para que en el plazo de un año se elimine el canon digital.

La iniciativa, recibida con alivio por interanutas y por la industria, movilizó rápidamente a las sociedades de gestión de derechos de autor. Un colectivo que cuenta con el compromiso del Gobierno a favor de fijar el controvertido gravamen -lleva ya un año y medio de retraso- y que teme que la proximidad de las elecciones generales acabe aplazando el debate, en función del resultado de la votación de la enmienda, este jueves, cuando la ley regrese al Congreso.

El temor de este colectivo se explica, además, cuando los dos ministerios implicados en el asunto llevan meses intentando consensuar el listado definitivo de tarifas y soportes gravados. Un trabajo difícil por el distanciamiento entre la SGAE y los fabricantes de equipos, que consideran que la medida será perjudicial para sus ventas. Un acuerdo que llegó ayer, mientras actores como José Coronado y Juan Luis Galiardo presentaban un manifiesto a favor del canon, suscrito por la SGAE y otras gestoras, que consideran la eliminación de esta tarifa «una usurpación de un derecho legítimo». Unas palabras que respaldó el ministro de Cultura, César Antonio Molina, quien, en declaraciones a Efe, aseguró que si el Gobierno tuviera que suprimir el canon para buscar alternativas, como propone la enmienda, el derecho de los ciudadanos a realizar una copia privada sin ánimo de lucro pasaría a estar prohibido y a ser sancionable.

La orden ministerial fija, según fuentes de la industria, en 105 millones de euros el importe mínimo con el que los consumidores tendrán que compensar a los autores. Una cantidad que se desglosa en categorías de equipos, de manera que si la recaudación por un sorporte no se cumple, se contempla la posibilidad de ser sustituido por otro para evitar que el colectivo no deje de percibir esos ingresos.

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Canon digital: Opine sobre los gravámenes recomendados por el Gobierno.