Solbes no puede superar el techo de gasto, por lo que, según su equipo, «habrá que encontrar fórmulas en la forma de ejecución de los Presupuestos». Una de las vías que estudia el Ministerio es un real decreto de urgencia para cuadrar las cuentas que debería ser convalidado por las Cortes aunque sea en la Diputación Permanente antes de las elecciones.

La otra es cribar los compromisos con los nacionalistas y dejar sin efecto algunos programas por falta de dinero. «No hay decisión sobre cómo afrontar esta situación», afirmaron las citadas fuentes. No descartaron dejar sin presupuesto con un criterio cronológico. Es decir, ignorar las últimas enmiendas aprobadas en el Congreso.

El informe de los servicios jurídicos del Congreso se produce a instancias de la diputada del Partido Popular Fátima Báñez, que reclamó la opinión de los funcionarios de la Cámara, teóricamente independientes, sobre el desaguisado en la tramitación de la Ley de Presupuestos.

Según su respuesta a Báñez, existen 40 enmiendas aprobadas a última hora en el Congreso -la mayoría concesiones del PSOE a grupos nacionalistas- «para las que no existe crédito suficiente». Así lo establece, insólitamente, el texto al que tuvo acceso ayer este diario.

Entre ellas destaca la creación del llamado Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos, a propuesta de Esquerra Republicana. Está dotado con 183 millones de euros y, según las citadas fuentes del Ministerio de Hacienda, «aún no está previsto cómo articular su ejecución».

«Chapuza»

Báñez declaró ayer a este diario que «el teórico presupuesto social del Gobierno resulta que no tiene dinero suficiente para apoyar a los inmigrantes, todo esto prueba la chapuza y la improvisación en la elaboración de las cuentas públicas».

En su opinión, la única solución, «como mal menor», si los Presupuestos fueran aprobados hoy, es la siguiente: «Si el Gobierno respeta que la soberanía popular reside en Las Cortes debe presentar un Real Decreto para su convalidación. De otro modo, el Gobierno se arrogaría el papel del Parlamento al determinar qué enmiendas aprobadas por los diputados son aplicables o no».

La extraña situación surge de la excesiva alegría del PSOE a la hora de conceder dinero a los grupos nacionalistas en el objetivo de conseguir votos suficientes en el Congreso para aprobar el último gran proyecto de ley de la legislatura. El PSOE contó con arreglar el descuadre en el Senado y, para ello, pactó una serie de enmiendas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por importe similar a la cantidad desfasada para cuadrar cuentas. Se trataba en esas enmiendas de dar de baja algunas partidas para poder atender los nuevos compromisos. Pero el plan se truncó. El Partido Popular, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Esquerra cerraron filas el pasado día 10 y lograron aprobar un veto a la sección de Vivienda del Presupuesto. El veto a una parte supone un veto al todo y, por tanto, el trámite en el Senado ha sido inútil para el PSOE. La pelota llega hoy al Congreso y los socialistas, en el mejor escenario, sólo pueden anular el veto del Senado, pero no introducir modificaciones.