El presidente de Telefónica, César Alierta, ha reorganizado la cúpula de Telefónica con nombramientos que no son únicamente de carácter empresarial, sino también político. Después de seis años con el puesto vacante tras la salida de Fernando Abril-Martorell en 2003, la primera multinacional española tendrá un consejero delegado, cargo que ha recaído en Julio Linares, hombre de la casa que ya desempeñaba de hecho el puesto número dos de la primera multinacional española.
La trascendencia política, sin embargo, hay que buscarla en los dos nuevos consejeros independientes: Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, y Javier de Paz, presidente de Mercasa y ex secretario general de las Juventudes Socialistas. El nombramiento de Pizarro tiene toda la lógica, ya que viene avalado por la brillante y solvente trayectoria empresarial del aragonés, primero en Ibercaja y en la Bolsa y después en Endesa, de donde salió habiendo triplicado el valor de la compañía. Mucho menos lógica es la designación de Javier de Paz, cuyo currículum empresarial incluye un breve paso por Panrico y la gestión de una modesta empresa pública. Sin embargo, el que fuera director general de Mercado Interior en el anterior Gobierno socialista tiene un mérito fundamental, que se cotiza mucho por su escasez: es amigo y confidente del presidente del Gobierno.
No hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que Alierta ha nombrado a Javier de Paz con el fin de hacer digerible para La Moncloa el nombramiento de Pizarro, un hombre próximo al Partido Popular. De hecho, según publicamos hoy, Javier de Paz -que cobrará más de 200.000 euros al año por acudir a algunas reuniones- ha actuado como intermediario entre el presidente de Telefónica y Zapatero. Alierta ofreció el puesto al dirigente socialista y De Paz consultó con el presidente del Gobierno, que le dio el visto bueno. A lo que más se parece esta jugada equilibrista de Alierta es al ingreso en la Real Academia de dos conocidos periodistas. Para compensar la entrada de alguien con una trayectoria literaria indiscutible, fue preciso aceptar también a un hombre de signo opuesto sin mérito literario conocido.
De todo ello se puede concluir que sólo en apariencia Telefónica es una empresa privatizada, porque en la realidad es una compañía tutelada -o que se deja tutelar- por el poder político. Es probable también que estos equilibrios de Alierta tengan que ver con otros elementos de incertidumbre, puesto que el caso Tabacalera aún está pendiente de varios recursos. Y el juicio, si finalmente se llegara a celebrar, supondría una contrariedad, tanto para Alierta como para la multinacional, que -a juzgar por su cuenta de resultados- está gestionando con indiscutible acierto.
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