El Congreso de los Diputados acordó ayer mantener el polémico canon digital, que los usuarios van a pagar a partir de mediados de enero cuando adquieran teléfonos móviles, reproductores MP3 o memorias de USB, entre otros soportes tecnológicos capaces de copiar contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
El Gobierno ha sacado adelante el controvertido gravamen. Pero su accidentada tramitación parlamentaria ha hecho posible que formaciones políticas que al principio respaldaban su aplicación cambiasen ayer de postura. Una decisión que ha arrinconado al PSOE, que ha tenido que echar mano de los partidos minoritarios para no cosechar una sonada derrota.
El portavoz parlamentario de los socialistas, Diego López Garrido, afirmó que la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, con la que se da luz verde a la obligación de pagar ese canon en concepto de derechos de autor - junto a otras normas ya en vigor-, es una prueba de que «forma parte de la legislatura de los derechos».
El Senado había introducido en esa ley una enmienda para que el Gobierno modifique la Ley de Propiedad Intelectual, suprima ese canon y busque otra solución consensuada con todos los sectores afectados para que los creadores cobren lo que les corresponda por los derechos de autor.
Ayer, ante varias decenas de artistas que estaban en la tribuna de invitados del Congreso, el debate de la ley se centró sobre todo en esa polémica enmienda.
El socialista López Garrido dijo que esta norma legal dará más seguridad en el uso de internet y regulará los derechos de los ciudadanos sobre las nuevas tecnologías. Consideró necesario que se pague el canon, porque, en su opinión, con la facilidad técnica que existe para copiar la obra de un creador hay que compensarle por derechos de autor.
Totalmente en contra se mostró el PP, según el diputado José Ignacio Echániz. Los populares estiman que se trata de un pago totalmente rechazable, porque «castiga a todos a priori», antes de saber si van a copiar una obra o no.
En su opinión, lo que han hecho los socialistas y el Gobierno en este caso ha sido «un apaño, una medida anticuada, medieval y anacrónica que limita la libertad de los ciudadanos».
Convergència i Unió (CiU) votó a favor de mantener el canon, pero el diputado Jordi Vilajoana criticó al Gobierno por lo mal que ha tratado este asunto y por su falta de transparencia.
Los diputados de IU-ICV votaron de manera distinta: los tres de Izquierda Unida estuvieron a favor de mantener el canon -aunque pidieron que lo gestione una agencia pública en vez de la Sociedad General de Autores y Editores y los dos de Iniciativa per Catalunya Verds se mostraron en contra.
El PSOE, finalmente, pudo mantener ese canon con la ayuda de los votos de CiU, IU, Chunta Aragonesista -su representante, José Antonio Labordeta, admitió que ha habido errores en la tramitación de la medida- y el ex diputado popular Joaquín Calomarde. A favor de eliminarlo votaron, sin éxito, PP, ICV, Román Rodríguez (Nueva Canarias) y el verde del grupo socialista Francisco Garrido. Precisamente, este diputado mostró claramente su deseo de que el gravamen sea recurrido ante el Tribunal Constitucional. «El canon sienta un peligroso precedente de impuesto privado universal y preventivo y da un paso más en las restricciones mercantiles a las posibilidades de comunicación y expresión que brindan las nuevas tecnologías», recalcó.
Por su parte, las formaciones PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria y Nafarroa Bai se abstuvieron.
JUEGO 'ONLINE'
Internet: la ley plantea un mandato al Gobierno para regular la actividad del juego 'online' y para que especifique medidas de control y tributación de esta actividad. También contempla la posibilidad de bloqueo administrativo de contenidos si vulneran la libertad de expresión.
Banda ancha: antes del 31 de diciembre de 2008 tendrá que haber una cobertura de servicio universal de conexión, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica.
CATALUÑA, SIN DOMINIO '.CT'
Más enmiendas polémicas: el Congreso rechazó también una enmienda incluida en la Ley de Sociedad de la Información que proponía que Cataluña disponga de un dominio territorial propio en Internet, el dominio '.ct'. La enmienda, presentada por CiU en el Senado, fue rechazada con 314 votos en contra, 28 a favor y cinco abstenciones. La iniciativa instaba al Gobierno a incorporar, en el plazo máximo de seis meses, a Cataluña en el listado que le permitirá disponer de un dominio territorial de primer nivel.
