Es verdad que muchos de ellos están controlados por formaciones nacionalistas, pero otros están gestionados por socialistas. Tras la publicación de esta serie fotográfica y las investigaciones realizadas por este periódico, de 47 ayuntamientos gobernados por socialistas que no colgaban la bandera, solamente seis han rectificado. Y ello pese al compromiso adquirido en este periódico por José Blanco, secretario de Organización del PSOE, que afirmó en octubre pasado que obligaría a todos los alcaldes de su partido a izar la bandera española. Siete de cada ocho han hecho caso omiso de las palabras de Blanco.

Que el PNV o ERC procedan de esa forma entra, lamentablemente, dentro de lo previsible. Pero que el partido que gobierna en España ignore una normativa que debería ser el primero en cumplir, y que ningunee uno de los principales símbolos del Estado, resulta absurdo.

Y eso que la ley es clara y la resolución del Tribunal Supremo, también: la bandera de España tiene que instalarse en el exterior de todos los edificios públicos de forma «permanente» y ocupar un lugar preferente en su interior. Por si había alguna duda, esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado al Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, a colocar la enseña nacional «a diario» y en un lugar «preferente» en la balconada del edificio.

Iñaki Azcuna, alcalde de Bilbao, aseguró anteayer que colgará la bandera «por obligación y no por devoción». Nadie le pide que acate la ley con entusiasmo, lo que se le exige es solamente que la cumpla. Y si no lo hace, estará incurriendo en un delito de desobediencia.

El miércoles de la pasada semana, un juzgado había archivado una denuncia contra Odón Elorza al no estar tipificado como delito que un alcalde se niegue a colgar la bandera. Lo lógico y lo coherente sería que, como ya ha propuesto EL MUNDO, el Parlamento impulsara una reforma del Código Penal para castigar con una pena de inhabilitación al alcalde y los concejales que se nieguen a izar la enseña nacional. Pero, mientras tanto, los alcaldes tienen la obligación de colgar la bandera si son requeridos por la autoridad administrativa so pena de incurrir en un delito de desobediencia, como acaba de establecer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Al margen de los dictados de los tribunales, lo inquietante de esta situación es que un partido nacional como el PSOE haya renunciado a ejercer como tal en todo el territorio, ya sea por electoralismo, por un mal sentido de la prudencia o por temor a las consecuencias. Las evasivas de los miembros del Gobierno, tanto las de Rubalcaba -que ha manifestado que «no se puede utilizar la bandera para sacar votos ni para dar con ella al contrario»- como las de Fernández Bermejo o De la Vega -que han acusado al PP de apropiarse de los símbolos-, suenan a excusas vacías y ridículas ante ejemplos como el de Regina Otaola, que está dando la cara en un municipio tan hostil para los símbolos de la España democrática como es Lizarza.