Las Fuerzas de Seguridad están empleando los recursos pertinentes para intentar averiguar si el destino del dinero que han logrado acumular con el fin de sostener a sus agrupaciones locales ha podido ser desviado a miembros de Batasuna o a otras organizaciones de la izquierda abertzale radical.

La pista económica parece haberse convertido ahora, por tanto, en una de las fundamentales de esta investigación contra ANV, precisamente por la contundencia con que un rastro de estas características confirmaría -de darse-, la evidencia política de que este partido es la tapadera utilizada por Batasuna, el último recurso empleado por el partido ilegalizado, para no desaparecer de las instituciones.

En estos momentos están pendientes de los informes resultado de dicha investigación el juez Baltasar Garzón, sobre el que recae, en caso de que resultase de rigor, la decisión de adoptar medidas penales y que está de guardia esta semana en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional; el Fiscal General del Estado, que hace 10 días ordenó que se empezase a preparar la demanda contra ANV y también contra el PCTV por si hubiese que acudir al Supremo para solicitar su ilegalización; y la Abogacía del Estado que, en este caso tiene idénticas atribuciones y fines, que el Ministerio Público.

Los agentes están teniendo que luchar, no obstante, con las trabas que la dirección de la Mesa Nacional de Batasuna ideó con el fin de impedir que los vínculos con la formación proscrita resultasen evidentes. A diferencia de lo que hiciera con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), al que los dirigentes de Batasuna dieron por perdido prácticamente desde el principio, la intención con ANV ha sido la de protegerlo de un modo especial.

En el caso de Tierras Vascas, el desembarco político y estructural de Batasuna fue palmario de igual modo que después ocurrió con ANV, pero a estas evidencias han ido sumándose pruebas financieras que hacen difícilmente comprensible que no se hayan emprendido ya acciones legales contra esta formación que, dado que el Gobierno consideró que no había pruebas suficientes contra ella hace tres años, está representada en el Parlamento vasco y y cuyos parlamentarios conservarán sus escaños al menos hasta el final de la legislatura, decidan lo que decidan los tribunales.

El pasado mes de mayo, este periódico publicó que una treintena de miembros de Batasuna -algunos de ellos integrantes de las sucesivas mesas nacionales-, así como dos presuntos miembros de ETA, estaban cobrando una nómina dede Tierras Vascas. Así lo probaba un informe basado en datos de la Seguridad Social que había sido elaborado por las Fuerzas de Seguridad y remitido al Gobierno.

Este dato se vio confirmado tras la reunión que la Mesa Nacional de Batasuna convocó en la localidad de Segura a principios del mes de noviembre y cuya celebración provocó el ingreso en prisión de la mayor parte de los miembros de la dirección del partido ilegalizado que había sido liderado hasta entonces por Arnaldo Otegi. Después de esa reunión se supo que la portavoz de Tierras Vascas, Nekane Erauskin, asistía habitualmente a los encuentros de Batasuna para recibir directrices; de modo que, una vez registrada la sede del partido, la Policía se incautó de las nóminas de una decena de miembros del partido ilegal pagadas por el PCTV, entre ellas la correspondiente a la sustituta de Otegi, Marije Fullaondo, arrestada la pasada semana por orden del juez Garzón.

En el caso de ANV, los datos económicos serían menos evidentes, pero los investigadores confian en que resulten igual de incriminatorios. A las pruebas obtenidas se unirían a nuevos indicios, como la resistencia a condenar los atentados de ETA, o las actitudes intimidatorias mostradas por miembros de Acción Nacionalista contra socialistas y populares, e incluso contra representantes del PNV en localidades especialmente espinosas. Se añadirían igualmente los datos obtenidos de la detención de la dirigente de Batasuna, Marije fullaondo que, según el auto del juez Garzón, además de cobrar de Tierras Vascas, impartía instrucciones a los dirigentes de ANV.

Y se rescatarían todas aquellas pruebas de evidente contundencia recogidas por la Policía y por la Guardia Civil el pasado mes de abril, en plena campaña electoral para las municipales, pero que fueron desestimadas por el Gobierno por insuficientes para presentar un recurso global contra Acción Nacionalista. El Ejecutivo rechazó la posibilidad de impugnar el partido y, alegando mayor eficiencia en los resultados ante el Constitucional, optó por recurrir aproximadamente la mitad de las listas, las que consideró que pudieran estar contaminadas por la presencia palmaria de dirigentes de Batasuna. ANV obtuvo representación en decenas de municipios y la posibilidad de gestionar abultados presupuestos.