La documentación recabada puede ser clave para que el juez Garzón adopte medidas penales, o para que, bien la Fiscalía -tal como pidió hace una semana Conde-Pumpido-, bien la Abogacía del Estado, inicien el procedimiento. Es evidente que tras la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, y sobre todo a raíz del asesinato de los agentes Raúl Centeno y Fernando Trapero, el Gobierno ha optado por aplicar con máximo celo todos los resortes del Estado de Derecho para poner fin a «una realidad que en el País Vasco conocen hasta los gatos», según la expresión elegida por el concejal popular de Durango Vicente de la Quintana en el Foro de EL MUNDO. Esto es, que Batasuna, PCTV y ANV son los distintos ángulos y pantallas de que se vale ETA en su estrategia de acoso a la democracia.

Si ANV hubiera sido ilegalizada en mayo en su totalidad, y no sólo parcialmente como ocurrió, la formación independentista no hubiera gozado de los recursos públicos obtenidos por su representación municipal y la asfixia financiera de Batasuna hubiera sido más eficaz. Es paradigmático que el Gobierno se vea ahora urgido a reconducir los efectos del relajamiento a que dio lugar la negociación con ETA.

EL MUNDO viene denunciando la vinculación financiera del entramado etarra desde abril. Más de una treintena de miembros de Batasuna a sueldo del PCTV, los locales compartidos y la negativa de ANV a condenar los atentados son pruebas suficientes para aplicar la ley con rigor y cerrar para siempre la puerta de las instituciones a todas las marcas blancas de ETA. Este sería el mejor homenaje a un municipio como Lizarza, auténtico símbolo de la resistencia democrática frente a los radicales, y elegida por nuestro periódico Ciudad del año.