El partido entre las selecciones vasca y catalana degeneró ayer en una jornada de exaltación separatista contra España. Ya horas antes del encuentro, los radicales recorrieron Bilbao profiriendo gritos a favor de los presos etarras, por la independencia de las «naciones negadas» y contra los españoles, como si ellos no lo fueran. Y por la mañana, representantes de los gobiernos de Cataluña, País Vasco y Galicia suscribieron sobre una especie de altar levantado en el césped de la Catedral de San Mamés un pacto para dar un «impulso mundial» a sus «selecciones nacionales» y a los «clubes de los tres países». La escenografía y la semántica empleadas durante la constitución de este lobby del separatismo deportivo resultaron elocuentes, por más que Carod-Rovira dijera con cinismo que no estaban allí «contra nadie, sino a favor del deporte y de nuestros países como países deportivos». Sólo el hecho de que este año el combinado vasco haya cambiado su tradicional denominación (Euskadi) por la de la ideación abertzale Euskal Herria prueba la pulsión independentista que mueve a los colectivos de defensa de estas selecciones allí donde gobiernan los nacionalistas. La radicalización se vio en el estadio, donde los separatistas quemaron banderas españolas y mostraron pancartas amenazantes contra jugadores que, como Puyol y Xavi, han vestido la camiseta de España, pese a que ambos estaban ayer en el campo.
Los ejecutivos vasco, catalán y gallego -y, a partir de ahora, de forma coordinada- acometen una instrumentalización del deporte similar a la que han practicado todos los regímenes totalitarios, al convertir la reivindicación de sus selecciones en catalizadores del sentimiento nacional. Y lo cierto es que esta utilización espuria del deporte es posible gracias a la indiferencia cómplice del Gobierno. EL MUNDO no está en contra de que las comunidades autónomas tengan selecciones y jueguen partidos amistosos. Pero sí de que los políticos nacionalistas aprovechen el carácter privado de las federaciones internacionales para intentar burlar la Ley del Deporte, que establece que la representación internacional en competiciones oficiales corresponde sólo a la selección española.
Al contrario de lo que sucede con otras autonomías, los ejecutivos nacionalistas del País Vasco, Cataluña y Galicia (en estos dos últimos, con participación socialista) convierten los encuentros de sus selecciones en actos de soberanía. Hasta ahora, su representación exterior se ha limitado a deportes marginales y al ámbito de federaciones piratas, pero su intención es participar en campeonatos oficiales como auténticos Estados. Es vergonzoso que, mientras el deporte español se ve obligado a recurrir a la esponsorización privada, los ejecutivos nacionalistas sufraguen a sus federaciones para hacer de ellas avanzadillas del separatismo, sin que el Gobierno central haga nada para corregir esta deriva. Por eso, entre nuestras 100 Propuestas para defender y fortalecer la Democracia abogamos por prohibir que las administraciones públicas financien a aquellas entidades deportivas cuya intención sea promover la participación de sólo una parte del territorio en competiciones internacionales oficiales. La artificiosidad de estas selecciones se hace patente en todo el territorio, incluido el País Vasco y Cataluña -mal que les pese a los nacionalistas-, cada vez que hay una cita importante de la selección española.
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