Según explicaron a este periódico fuentes penitenciarias, las medidas de seguridad sobre estos internos son extremas. Se ha puesto en marcha un grupo especial de funcionarios que mantiene un estricto control en las prisiones madrileñas donde estos acusados permanecen ingresados durante el juicio. Es su única misión, el seguimiento de todos los pasos de estos sospechosos que aún son presos preventivos, ya que no han sido condenados.

Este seguimiento, que ya desde que estaban detenidos era muy importante, se ha visto incrementado por orden del subdirector de Tratamiento de Instituciones Penitenciaras desde finales del pasado mes de abril.

Este grupo de funcionarios trabaja a las órdenes de los diferentes directores de las prisiones de Madrid que albergan a los presos que están siendo juzgados por los atentados en los que murieron 192 personas. Por motivos de seguridad, estos internos son trasladados periódicamente a otros centros penitenciarios de la Comunidad; no permanecen siempre en el mismo desde que comenzó el juicio.

Según estas fuentes, estos grupos especiales de trabajadores se dedican durante 24 horas a vigilar a estos internos. Deben realizar dos informes diarios en los que detallen el comportamiento de estos presos en todos y cada uno de los aspectos de su internamiento. El primer informe es entregado a media mañana y el segundo, a final de la tarde.

Libros de incidencias

Los seguimientos y gestiones realizados por los funcionarios no figuran en los libros de incidencias de las diferentes prisiones afectadas por este dispositivo especial. Cada grupo está compuesto por, al menos, cuatro funcionarios y un jefe de servicio.

El control sobre los presos islamistas y los presuntamente implicados en el tráfico de explosivos es total: cuándo salen al patio, con quién hablan en las cárceles, con quién pasean, qué periódico leen, qué visitas reciben, cuántas llamadas telefónicas y de quién reciben todos los días, cuántas visitas hacen al médico y para qué... No obstante, las fuentes consultadas por este periódico no pudieron determinar si las comunicaciones de estos internos están intervenidas.

El seguimiento tan escrupuloso a los presos ha provocado ya algunas situaciones difíciles en los centros penitenciarios, ya que este grupo de funcionarios actúa a las órdenes de la dirección y su situación laboral no es la de otro trabajador del centro, sino, cuando menos, peculiar y diferente en el normal desarrollo del trabajo carcelario de los funcionarios. De hecho, este grupo de patas negras, como comienzan a ser conocidos entre el resto de trabajadores, tratan de acceder, incluso, a la información confidencial de estos internos; entre ellas, los expedientes médicos.

Se da la circunstancia de que todos los presos sobre los que se ejerce este fuerte control interno son preventivos; es decir, no están aún cumpliendo ninguna condena por los hechos por los que están siendo juzgados.

Las fuentes consultadas por este periódico recuerdan que, tras el 11-M, el control sobre los presos islamistas se vio considerablemente reforzado. De hecho, en varias ocasiones se detuvo a integristas que ya estaban en prisión preventiva por otros hechos como sospechosos de estar colaborando con tramas terroristas.

Han sido varias las células radicales contra las que han actuado los jueces de la Audiencia Nacional y cuyos dinamizadores estaban ya en prisión.

Recuerdan asimismo cómo personajes como argelino Allekema Lamari o el marroquí Jamal Ahmidan, El Chino, ambos fallecidos en la explosión del piso de Leganés y presuntos autores materiales de la matanza de Madrid, se radicalizaron en sus posiciones integristas mientras estuvieron en prisión.