SOMOS CONSCIENTES de que la divulgación de las conclusiones del informe científico realizado por el perito Antonio Iglesias servirá para agudizar la conciencia del sector más sensible y crítico de la sociedad española sobre la importancia de averiguar la verdad sobre el 11-M. Pero también de que habrá quienes reaccionen apelando a la teoría de la conspiración y criticando el empecinamiento de los que nos empeñamos en seguir investigando la masacre de Madrid.
La respuesta a los escépticos es muy simple: EL MUNDO se limita a adelantar la principal conclusión de un trabajo científico de 500 páginas. No hay en él valoraciones políticas, especulaciones o consideraciones sobre el terrorismo. Hay datos empíricos, obtenidos científicamente y científicamente comprobables. Su autor es un químico que se centra en la revisión de las pruebas realizadas sobre los explosivos del 11-M en los laboratorios de la Policía Científica, en las que participaron ocho expertos, entre ellos él mismo.
El trabajo de Iglesias durante un año ha seguido los procedimientos habituales establecidos por la comunidad científica y ha sido entregado al Colegio de Química para que otros expertos puedan someter a crítica, controversia o refutación su contenido.
Somos también conscientes de la dificultad de comprensión para el lector de este asunto, en el que es fácil perderse en la complejidad y diversidad de los procedimientos y las sustancias químicas que aparecen, a veces con nombres parecidos.
Hay, sin embargo, dos premisas muy relevantes en este informe científico que llevan a concluir que el explosivo que utilizaron los terroristas para volar los trenes era Titadyn, lo que contradice la versión oficial de que lo que estalló era únicamente Goma 2 ECO.
La primera de esas premisas es que los análisis de la muestra M-1, la mejor conservada y la única que no fue lavada con agua, arrojaron la presencia de nitroglicerina y dinitrotolueno, dos sustancias que forman parte del Titadyn pero no de la Goma 2 ECO robada en Asturias.
La segunda premisa es aún más relevante en la medida en que supone una novedad que deja tocada de muerte la credibilidad de la sentencia: el tribunal concluyó por error que la presencia de dibutilftalato en todos los análisis de las muestras permitía deducir que se trataba de Goma 2 ECO. La deducción es errónea porque esta sustancia forma parte también del Titadyn incautado por la Guardia Civil en Cañaveras, dos semanas antes de la masacre de Madrid. La sentencia afirma que el dibutilftalato era un «componente diferencial» entre uno y otro explosivo y ello no es cierto, como queda acreditado en los análisis de Iglesias.
Como explica hoy nuestro periódico, el dato no se conoció durante el juicio porque la gráfica que reflejaba los resultados del análisis del Titadyn hacía referencia genérica a los ftalatos, omitiendo de forma expresa la aparición del dibutilftalato. Según Iglesias, la omisión pasó «desapercibida» o, tal vez, «fue soslayada» por el director de la pericia. Sea como fuere, lo que dice la sentencia es falso.
Las conclusiones de este informe ponen, sin duda, en evidencia la investigación judicial del 11-M y la labor del tribunal. Por ello, no faltará quien las acoja con desdén o silencio, sin tomarse la molestia de refutarlas cientifícamente y argumentando que la sentencia del juicio ya se pronunció sobre los explosivos.
Pero los hechos son tozudos y lo que publicamos hoy acentúa mucho más las dudas sobre la versión oficial del 11-M. Nadie mejor que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es químico de profesión, podría valorar el informe de Iglesias desde el punto de vista científico y -en función de sus propias conclusiones- ordenar una nueva investigación sobre un aspecto tan fundamental para esclarecer la masacre.
