Jamal Zougam no habría sido detenido a primera hora de la tarde del 13 de marzo y, por tanto, la pista islamista no se habría consolidado justo unas horas antes de las elecciones generales, de no ser por el descubrimiento del móvil que había en la mochila hallada en la comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo.

Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la vista oral y se ve en algunos documentos aportados al sumario, la columna vertebral que sostiene la versión oficial está llena de zonas oscuras, vaguedades y no pocas contradicciones. Empecemos por el principio. Tras desactivar los agentes de los Tedax la bomba encontrada en la Comisaría de Puente de Vallecas (luego se supo que estaba desconectado un cable que unía el teléfono al detonador que había en su interior), el comisario jefe de dicha Unidad, Juan Jesús Sánchez Manzano, consiguió hacerse con la custodia del móvil.

Según el informe que remitió el citado comisario al juez Juan del Olmo, el teléfono marcaba una hora que «coincidía con la real» y el despertador-vibrador estaba programado para las 7.40 horas.

Como sabemos, cuando el tedax Pedro extrajo el móvil de la mochila, éste estaba apagado.

El teléfono Trium T-110 tiene una peculiaridad. Cuando se saca la pila de su interior, hay que volver a programarlo. Es decir, hay que volver a introducir el día y la hora de nuevo, ya que dichos datos se pierden.

Como se ha podido comprobar por fotografías distribuidas por la propia Policía (la conocida imagen que difundió la cadena norteamericana ABC), el teléfono se desmontó totalmente. Cosa lógica, ya que, de no haberse hecho así, habría sido imposible saber el número de IMEI de dicho teléfono y habría sido imposible extraer la tarjeta que fue la pista determinante para la investigación posterior.

Según el testimonio de uno de los agentes de los Tedax que estuvo presente esa madrugada en las dependencias de la Comisaría General de Información cuando se desmontó el móvil hallado en la mochila, un jefe de grupo de dicha Unidad introdujo su propia tarjeta para volverlo a programar.

Por tanto, resulta inverosímil la afirmación de Manzano, según la cual el teléfono de la mochila marcaba una hora que «coincidía con la real» y su alarma estaba programada a las 7.40.

Uno de los abogados de las defensas preguntó a uno de los peritos de los Tedax que declaró durante la vista oral si en el teléfono «permanecían los ajustes» tras extraerse la batería. Ésta fue su respuesta: «Depende del tiempo que permanezca la batería fuera del teléfono. Si el tiempo es largo, efectivamente desaparece».

El perito no aclaró un dato fundamental: la hora marcada para el despertador desaparece si la batería no se vuelve a introducir en el teléfono en un tiempo breve, pero el día y la hora hay que volverlos a introducir siempre que se saca la batería, independientemente del tiempo que ésta permanezca fuera del móvil..

LA BTS DE MORATA.Sobre las 10.30 horas del 12 de marzo, un comisario adscrito a la Comisaría General de Información (según diversas fuentes, Enrique Castaño, entonces comisario jefe de la UCAO) llamó por teléfono a José Domingo Río, director de Seguridad de Amena, compañía a la que pertenecía la tarjeta encontrada en el móvil, para transmitirle que en la mochila bomba de Vallecas se había localizado una tarjeta con el número 652282963.

Sobre las 14.00 horas de ese mismo día, los empleados del Departamento de Seguridad de Amena descubrieron que dicha tarjeta había sido vendida por un mayorista denominado Uritel 2000 a un distribuidor de Alcorcón que operaba bajo el nombre de Sindhu Enterprise.

Según declaró José Domingo Río ante el Tribunal, «hasta las nueve, nueve y pico de la noche», del día 12 no se identificó «que la tarjeta tenía un registro en una BTS [antena o repetidor] de Morata de Tajuña».

A partir de que se localiza dicha tarjeta, el propio Domingo Río, sin que ningún mando de la Policía se lo hubiera requerido, ordenó que se guardase «toda la información de esa BTS», según declaró durante el juicio oral.

Posteriormente, el director de Seguridad de Amena afirmó que el sábado día 13, la Policía le comunicó que la tarjeta de la mochila de Vallecas se había vendido en un bloque de otras 30. Domingo Río afirmó a continuación: «Les comunico a las personas que [...] a los inspectores que me dan el listado les comento que, como muy tarde, deberíamos tener un mandamiento sobre las seis o siete de la tarde para poder hacer todas esas gestiones, dado que si el atentado terrorista fue el día 11 por la mañana, creíamos objetivamente que no disponíamos de más tiempo que desde las 18.00 o 19.00 horas... Si no se llegaba en ese tiempo, nuestro trabajo iba a ser prácticamente infructuoso y por eso poníamos ese límite, con la particularidad de que no sabíamos si encontraríamos algún dato, teniendo en cuenta que los otros teléfonos podían haber sido manipulados con anterioridad y podían haber pasado las 72 horas».

Hay que tener en cuenta que las tarjetas que se activan quedan registradas en la red a través de una antena o BTS. Si no se realizan o reciben llamadas con posterioridad, dicha huella queda borrada automáticamente a los tres días de su activación.

Tras esa respuesta, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le inquirió: «¿Se perdió la información de algunas tarjetas?». Domingo Río contestó: «De siete u ocho tarjetas se perdió la información». Entonces, Zaragoza puntualizó: «Porque habían transcurrido las 72 horas». Y el responsable de Seguridad de Amena añadió: «O porque no estaban en esa BTS».

Realmente, las confesiones de Domingo Río tienen su miga. Sobre todo si se tiene en cuenta que el interrogatorio del fiscal Zaragoza iba dirigido fundamentalmente a demostrar al Tribunal que desde Amena siempre se aportaron datos a la Policía con la preceptiva orden judicial.

Después volveremos sobre las declaraciones del responsable de Seguridad de Amena..

VISITAS A ALCORCON.Tras recibir la información de Amena de que la tarjeta de la mochila de Vallecas había sido vendida a una tienda de Alcorcón, agentes adscritos a la UCAO acudieron la misma tarde del 12 de marzo a Sindhu Enterprise.¿Qué ocurrió en esa visita? Las versiones son contradictorias. Según los informes oficiales, los propietarios de la tienda, un matrimonio de origen indio pero de nacionalidad española, se negaron a colaborar con la Policía y se limitaron a confirmar que, efectivamente, dicha tarjeta había sido vendida allí, sin determinar a quién.

Los testimonios de los propietarios de Sindhu Enterprise, que declararon como testigos protegidos ante el Tribunal, contradicen dichos informes. Según dijo la testigo protegida S-20-04-P-19, las personas que fueron a la tienda el día 12 y que, en principio, no se identificaron como policías, «tenían una lista de unos números». Ese dato fue captado inmediatamente por el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, quien subrayó: «Ha dicho literalmente que fueron con una lista de tarjetas».

Posteriormente, el testigo protegido S-20-04-K-49 (propietario de la tienda y esposo de la testigo anterior) afirmó ante el Tribunal: los policías «me pidieron factura y yo [se la] enseñé a esos señores que llegaron vestidos de paisano y le sacaron fotocopia y [se la] llevaron». Posteriormente, a preguntas de un abogado de las defensas, dicho testigo afirmó que la fotocopia que se llevaron los policías era «de mi proveedor, Uritel 2000».

Hay que tener en cuenta que la tarjeta de la mochila había sido vendida en un paquete por el distribuidor Uritel 2000 a Shindu Enterprise.

Seguramente, como se deduce del testimonio de los propietarios, los agentes que acudieron a la tienda de Alcorcón llevaban ya una copia de esas 30 tarjetas y lo que querían era comprobar que, efectivamente, dichas tarjetas se habían recibido y vendido en Sindhu Enterprise. Por eso preguntaron por una partida de tarjetas y no sólo por un número concreto, y por eso también se llevaron una fotocopia de la factura pagada por los dueños de dicha tienda a Uritel 2000.

Lógicamente, si Amena descubrió que la tarjeta había sido vendida a Shindu Enterprise también debió informar a la Policía de que la tarjeta de la mochila de Vallecas había sido proporcionada por Uritel 2000 en un paquete de otras 30.

El día 13 por la mañana, el instructor policial de las diligencias y jefe de grupo de la UCIE, el agente con carné profesional 17.814, ordenó a un inspector de su grupo que acudiera con otros agentes a la tienda de Alcorcón para recabar más información. En la nota informativa redactada por los agentes de la UCAO que fueron en la tarde del día anterior a dicho lugar, tan sólo se informaba de que sus propietarios habían confirmado que vendieron la tarjeta de la mochila. Pero no se decía nada ni de las 30 tarjetas de Uritel 2000 ni tampoco se adjuntaba la fotocopia de la factura.

Sobre las 10.15 horas, el grupo policial, al mando del inspector de policía con número profesional 23.599, se personó en la tienda de Alcorcón. Allí estaban presentes el matrimonio propietario de la misma y el hermano del marido. Para sorpresa de los agentes de la UCIE, la colaboración fue absoluta desde el primer momento. Cuando le pidieron el libro de contabilidad para comprobar los datos de compraventa de la tarjeta, el hijo de los propietarios acudió a su domicilio y a los pocos minutos se presentó con el mismo.

Cuando los agentes le preguntaron a quién habían vendido la tarjeta, el propietario contestó sin dudar que a la tienda que regentaban Jamal Zougam y Mohamed Chaoui en Lavapiés. «Pero eso», añadió, «ya se lo dijimos a los policías que estuvieron aquí ayer».

Inmediatamente, el inspector 23.599 llamó a su jefe y le comentó ese dato que para él era muy relevante. Así lo declaró el mencionado policía al Tribunal: «Como yo sabía que Jamal y Mohamed Chaoui estaban dentro del Sumario 0903 por el atentado de Casablanca y tenían sus teléfonos pinchados, inmediatamente llamé por teléfono a mi jefe de grupo [...], que después resultó ser el instructor de las diligencias, y le comuniqué esa circunstancia».

Sin embargo, no recibió órdenes inmediatas. Como el propietario de la tienda les había dicho que, en total, le había vendido 100 tarjetas al locutorio de Lavapiés, en dos paquetes, uno de 30 -el procedente de Uritel 2000- y otro de 70 -procedente de un distribuidor llamado Interdic-, y dado que dicho distribuidor se encontraba relativamente cerca de allí, en la localidad de Móstoles, los policías decidieron acudir al mismo en espera de nuevas órdenes.

Después, cuando ya se encontraban de vuelta en la tienda de Alcorcón, el jefe de grupo llamó por teléfono y le dijo al inspector 23.599 que había que tomarles declaración a los propietarios de Sindhu Enterprise.

Posteriormente, cuando ya se dirigían a la sede de la Comisaría General de Información, en Canillas, el inspector 23.599 recibió una nueva llamada en la que su jefe le pidió que, antes de llegar, les leyera sus derechos, ya que estaban acusados de «colaboración con banda armada». ¿Por qué?, «si estaban colaborando», preguntó el inspector a su jefe.

Cuando llegaron a Canillas, a primera hora de la tarde del día 13 de marzo, Jamal Zougam ya había sido detenido.

Hay que recordar dos detalles de suma importancia. El primero de ellos es que el PSOE tuvo información el día 12 por la noche de que al día siguiente iba a ser detenido un grupo de islamistas, y que en la mañana del sábado 13 comenzaron a circular los mensajes SMS a través de móviles convocando para esa tarde concentraciones en las sedes del PP para exigir «la verdad» sobre lo ocurrido el 11-M..

LAS SIETE TARJETAS.La Policía tenía, pues, los datos sobre las 30 tarjetas vendidas por Uritel 2000 a Sindhu Enterprise desde el viernes por la tarde.

Sin embargo, la petición de mandamiento judicial al juez Del Olmo no se cursó hasta las 21.00 horas del lunes 15 de marzo. De hecho, la orden del juez a Amena solicitando dicha información lleva fecha de 16 de marzo.

Por esa razón, el fiscal Zaragoza se esforzó en que Domingo Río le diera una coartada para justificar que los datos siempre se habían proporcionado a la Policía con una orden judicial de por medio.

Claro, que había algo que no cuadraba. Si, como ya sabemos, los datos de las tarjetas activadas (en lenguaje técnico, «expedidas»), se borran automáticamente a las 72 horas de haberse encendido el PIN (siempre que no hayan realizado llamadas), ¿cómo es que Amena localizó un total de siete tarjetas del paquete de 30 vendidas por Uritel 2000 en la BTS de Morata si la orden judicial se cursó el día 16, tres días después de que teóricamente hubieran desaparecido para siempre sus huellas de la red?A ese hecho incontrovertible le encontró Domingo Río una aparente explicación. Según declaró ante el Tribunal, él dio la orden el mismo día 12 de que se guardase «todo el tráfico de la BTS».

Sin embargo, la capacidad de previsión que se atribuye a sí mismo Domingo Río para guardar datos que posteriormente le serían requeridos por vía judicial encierra una contradicción con su propia declaración. Si había ordenado guardar «todo el tráfico de la BTS», ¿por qué, según dijo también ante el Tribunal, metió prisa a la Policía para tener la orden judicial el mismo día 13 por la tarde antes de que se borrasen los datos? Sencillamente, carece de sentido.

Sin embargo, como veremos, no es ésta la única contradicción en la que incurrió el director de Seguridad de Amena en su declaración ante el Tribunal..

LAS SOSPECHAS DE DEL OLMO.El hallazgo de las siete tarjetas encendidas en la BTS de Morata ha sido, hasta ahora, un hecho indiscutido. Con ello, se demostraba que los terroristas del 11-M habían preparado las bombas un día antes de la masacre en la casucha alquilada en las cercanías de Morata a tal efecto por Jamal Ahmidan, El Chino, que ejercía las veces de jefe de la banda.

Sin embargo, para sorpresa del juez instructor los distintos informes policiales no se ponían de acuerdo en un dato muy importante: ¿cuándo se activaron dichas tarjetas?Según el informe elaborado por la UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía), que consta en las actuaciones, las tarjetas «son encendidas bajo dicha antena [la BTS de Morata de Tajuña] en la tarde-noche del día 9-03-2004». Posteriormente, en el informe que recoge sus conclusiones, la UCI volvió a incidir en esa fecha. Sin embargo, la UCIE (Unidad Central de Información Exterior, especializada en terrorismo islamista), en diferentes informes también aportados al sumario, afirma que el encendido de los móviles se realizó «entre las 16.00 y las 19.00 horas del día 10 de marzo de 2004 en las proximidades de Morata de Tajuña».

Es decir, 24 horas de diferencia según qué unidad policial determinase el hecho. No era como para desechar esa contradicción. Sobre todo -hay que volverlo a recordar- cuando estamos ante la pista clave de la investigación sobre la mayor matanza terrorista que se haya producido nunca en España.

Ante esa discrepancia, en febrero de 2006 el juez instructor remitió a la Comisaría General de Información una serie de preguntas relacionadas con distintos aspectos de la investigación. La pregunta número 38 gira en torno a la contradicción entre la UCI y la UCIE sobre la hora del encendido de las tarjetas.

En dicha pregunta, el juez ordena a la Policía que certifique su información. Es decir, que acompañe su respuesta con «soporte técnico que acredite la determinación de fecha y periodo horario».

Sin embargo, en el informe de la Comisaría General de Información remitido a Del Olmo el 10 de febrero de 2006 se le vuelven a dar los mismos datos que ya había en el sumario, y se añade: «De la información que se aporta no existe soporte técnico que acredite dicha fecha y periodo».

Es decir, que en la causa no hay ningún documento que atestigüe que, efectivamente, las seis tarjetas que presuntamente se utilizaron como temporizadores de otras tantas bombas se activaran en la BTS de Morata.

La única base para hacer esa afirmación sería el supuesto testimonio de empleados de Amena que no han firmado ningún informe al respecto, que no han sido identificados en ningún momento y que tampoco han declarado ante el Tribunal..

UNA DECLARACION NO CLARA.Una de las declaraciones que podían haber arrojado algo de luz sobre ese misterio era la de los dos peritos que fueron nombrados para investigar la localización de las tarjetas vendidas a través de Sindhu Enterprise.

Sin embargo, el testimonio de los peritos auxiliares S20-04-X-00 y S20-04-C-72 no despejó las dudas sobre ese asunto, aunque sí sirvió para dejar en mal lugar, de nuevo, a Domingo Río.

Según los citados peritos, las tarjetas debieron encenderse entre las 2.24 horas del 10 de marzo y las 2.24 horas del día 11.¿Por qué? Sencillamente porque cada 24 horas, y a esa hora precisamente (las 2.24 de la madrugada), la compañía Amena hace un barrido de datos de forma automática y va eliminando las huellas de las tarjetas que no han hecho ni recibido llamadas.

En un trabajo realmente dificultoso, según confesaron ante el Tribunal, los peritos lograron la localización de la tarjeta 652282963 (la de la mochila de Vallecas) en ese periodo en la BTS de Morata. Y, de hecho, hay un documento que demuestra que, efectivamente, dicha tarjeta se encendió en dicha antena entre las 2.24 horas del 10 de marzo y las 2.24 horas del día 11.

Sin embargo, ¿dónde está el soporte documental que avala que las otras seis se encendieron en ese mismo periodo? Sencillamente, no existe.

A preguntas de un abogado de las defensas, uno de esos peritos declaró: «Mire, tenemos constancia de la hora a la que ya hemos hecho mención, que es cuando se obtuvo la información de dónde estaba, de cuándo había sido localizada esa tarjeta (la de la mochila de Vallecas) y dónde, y luego entendemos que a continuación se hizo la identificación por celda del resto, pero ya le digo que esa información no la tenemos».

Sin embargo, lo que sí queda claro en el documento que soporta que el encendido de la tarjeta de la mochila de Vallecas se produjo en la BTS de Morata de Tajuña es que su localización por parte de Amena se produjo a las 14.13 horas del día 12 de marzo. Es decir, no a «las nueve, o nueve y pico de la noche» como aseguró Domingo Río ante el Tribunal..

UNA INVESTIGACION RAPIDA.El lunes 15 de marzo por la mañana, el instructor de las diligencias, el inspector con carné profesional 17.814, tenía en sus manos un informe firmado por Sánchez Manzano en el que se aseguraba de «fuentes dignas de todo crédito» que los detonadores hallados en la Renault Kangoo procedían de una empresa minera denominada Caolines de Merilles, que tiene sus explotaciones en la zona de Cangas del Narcea.

De nuevo, el jefe de sección de la UCIE e instructor de las diligencias policiales recurrió a uno de sus hombres, el inspector con carné 23.599, para que se trasladara a Asturias e investigara ese hecho.

El 16 de marzo por la mañana, el inspector de la UCIE se trasladó a Asturias acompañado por un comisario de la UCI. A ellos se unió después un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En plena investigación sobre los detonadores (Sánchez Manzano nunca ha aclarado quiénes fueron sus fuentes para adivinar con tanta precisión la procedencia de los mismos), el día 16 por la tarde el inspector 23.599 recibió una llamada de otro inspector de la UCIE que se encontraba en esos momentos en la sede de Amena en Madrid.

Dicho inspector, según declaró ante el Tribunal, le dice que «está siguiendo el tráfico de llamadas de una tarjeta que formaba parte de las 100 que habían sido vendidas por Sindhu Enterprise a Jawal Telecom de la calle de Tribulete y me comunica que la tarjeta 665040605 que salta en Morata de Tajuña ha tenido contacto, que hay tres contactos con teléfonos fijos cuyo prefijo es 985, que correspondía a la zona de Asturias».¿A quién pertenecía esa misteriosa tarjeta? Nada menos que a Jamal Ahmidan, El Chino.

Es decir, que lo que une la masacre de los trenes de la muerte con Asturias de manera definitiva es una serie de llamadas desde un teléfono de El Chino a Asturias.

Pues bien, la tarjeta 665040605 no se corresponde con ninguna de las 100 tarjetas que vendió Sindhu Enterprise al locutorio de Jamal Zougam.

El teléfono de Jamal Ahmidan, El Chino, sí tuvo contactos con otras tarjetas de ese paquete. Sin embargo, la orden judicial para investigar el tráfico de las 100 tarjetas vendidas a Zougam con otras tarjetas lleva fecha de 29 de marzo de 2004. Es decir, 13 días después de que dicha información fuera utilizada por la Policía y llevara a la detención de José Emilio Suárez Trashorras.

Como puede verse, la investigación sobre las tarjetas de móviles que se utilizaron el 11-M está plagada de ocultaciones. Sin embargo, hay todavía otras incógnitas que aún no tienen respuesta.

APOYO#«NO EXISTE SOPORTE TÉCNICO».

Documento que figura en el folio 73.450 del sumario del 11-M en el que la Comisaría General de Información certifica que existen versiones distintas entre la UCI y la UCIE en relación a la fecha que se activaron las tarjetas de los móviles bajo la antena BTS de Morata y concluye que «de la información que se aporta no existe soporte técnico que acredite dicha fecha y periodo».