Comienza hoy en Asturias, en medio de una fuerte polémica, el juicio de la operación Pípol. La semana pasada saltó la noticia de que el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, había pedido el procesamiento Toro y Trashorras por tenencia de explosivos en mayo de 2003 y que el juez de Gijón Juan Laborda había aceptado ese procesamiento cinco meses antes de los atentados del 11-M.
Sorprende que hasta ahora hubiera pasado ese dato desapercibido, ya que importantes testigos se empeñaron en declarar en la Comisión de Investigación que no se siguió más de cerca las andanzas de la trama asturiana porque no existían datos que pusieran de manifiesto «de una forma fehaciente» la relación de Toro y Trashorras con los explosivos.
En agosto de 2001, el testigo Francisco Javier Lavandera advirtió a la Policía y a la Guardia Civil de que ambos ofrecían explosivos en grandes cantidades y de que buscaban a alguien que supiera fabricar bombas con móviles. Además comentó a la Policía que trabajaban para ETA. No le hicieron caso.
Otro de los implicados en la operación Pípol, José Ignacio Fernández, Nayo, en 2002 y a través de su abogado volvió a denunciar a Toro y Trashorras, su trama de venta de explosivos y su relación con ETA.
Rafá Zouhier, un colaborador de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, contó la misma historia a sus controladores. En febrero de 2003 fue a Asturias y le dieron una muestra de explosivos que llegó a las manos de la UCO. La operación fue monitorizada por miembros de la Guardia Civil. El capitán de la Guardia Civil asturiana, Marful, insistió en la importancia de esa red asturiana de venta de explosivos. Contactó con un fiscal y le comentó sus sospechas. Le dijeron que no podía judicializarse el tema porque no veían sustancia en el asunto.
La Guardia Civil asturiana formó un equipo de investigación que mantuvo contactos directos con la UCO. Según declaró el teniente coronel Fernando Aldea, jefe de la Comandancia de Oviedo, ante la Comisión: «Las conversaciones con la UCO duraron hasta finales de 2003». Sus averiguaciones no llegaron a ninguna parte.
El fiscal asturiano antidroga que llevó en primer lugar el caso de la operación Pípol, José Luis Rebollo, no encontró desde 2001 a 2003 ningún motivo para acusar a Toro y Trashorras de tenencia de explosivos. La Policía lo descartó desde el primer momento y ni siquiera registraron el piso de Toro argumentando que no querían incomodar a su madre. Se centraron en las drogas que habían hallado en un coche aparcado en un garaje alquilado por él y por Nayo y dejaron a un lado el que también hubiera 16 cartuchos de dinamita y más de 50 detonadores.
A pesar de todo, en mayo de 2003 el fiscal asturiano Perals que sustituyó a Rebollo, cuando éste se jubiló, retomó el caso Pípol con brío y pidió al juez el procesamiento de Toro y Trashorras por tenencia de explosivos. El juez Laborda lo aceptó en octubre de 2003.
Ni la UCO, ni la Guardia Civil asturiana, ni la Policía parecieron tener en cuenta este cambio y todos siguieron sin tomar en serio a la banda de Toro y Trashorras. Por si fuera poco, el policía Manuel García, Manolón, no tuvo inconveniente en darle cuerda a Trashorras para utilizarlo en los últimos meses de 2003 y los primeros de 2004 como confidente introducido en la banda de moritos de Jamal Ahmidan, a la que teóricamente proporcionó los explosivos del 11-M.
En la Comisión de Investigación se pasaron unos a otros la responsabilidad argumentando que nadie se había tomado en serio a la trama asturiana. «La Fiscalía no fue informada por la Guardia Civil acerca de un posible tráfico de explosivos en Asturias». La Guardia Civil argumentó por su parte que la Fiscalía no le había dado los medios adecuados para investigar.
Y en medio, está la petición del fiscal asturiano Perals, en mayo del 2003, para procesar a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos. Es evidente que hubo fallos de coordinación y que se siguió un pésimo criterio profesional. Luego, en la Comisión se ocultó el dato del procesamiento que ahora conocemos. Todos miraron para otro lado.
Curiosamente, testigos que hasta ahora han sido sometidos a todo tipo de linchamiento público, como Francisco Javier Lavandera, resultarán claves en este juicio de la operación Pípol para probar la relación de Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos. Será interesante ver si también se acepta su testimonio, previsto para el próximo 8 de noviembre, respecto a la relación de la trama de explosivos asturiana con la organización terrorista ETA.
