En la tercera semana del juicio del 11-M se ha comenzado a levantar las alfombras. Un testigo protegido ha dinamitado la versión oficial. Ya no funciona la ley del silencio.

Mientras tanto, se ha pasado de puntillas sobre la declaración del policía que aseguró no haber visto nada de interés dentro de la Kangoo cuando el perro entró «sin sortear ningún obstáculo» en la cabina posterior y sin que diera el menor signo de haber encontrado restos de explosivos. Nadie supo o quiso repreguntarle. Por eso, es imprescindible que declaren los policías que llegaron primero hasta la furgoneta, los que apalancaron la puerta, los que vieron la tarjeta, los que observaron que no había nada dentro. Pero lo más importante en esta semana ha sido la declaración del testigo protegido.

Ya no se trata de revelaciones de imputados (recuérdese que Emilio Suárez Trashorras denunció con todo detalle las coacciones y amenazas a las que fue sometido por, entre otros, el mismo grupo de policías a los que ha denunciado Cartagena). Los imputados pueden mentir para intentar paliar su condena. Pero los testigos protegidos, ¿qué podrían ganar mintiendo?

Vayamos por partes. En la tarde- noche del 13 de marzo de 2004 resonaban en Madrid los gritos de centenares de miles de manifestantes que exigían al Gobierno «saber la verdad». Pero esos gritos no podían ahogar los de los primeros detenidos, tres ciudadanos marroquíes y dos indios, en los calabozos. Debemos recordar que cualquier testimonio arrancado con malos tratos queda automáticamente invalidado.

DETENCIONES ARBITRARIAS

Aquella tarde pasaron muchas cosas, además de la aparición en una papelera de un vídeo reivindicativo. A las 15.15 horas la Policía detuvo a los indios Suresh Kumar y Vinay Kohly. Su delito, ser los dueños de un establecimiento en el que un dependiente había vendido unos teléfonos móviles a dos personas con aspecto occidental que decían hablar en búlgaro. Esos teléfonos eran de un lote al que pertenecía el que se encontró en la mochila de Vallecas.

Poco después, se detuvo también a los marroquíes Jamal Zougam y Mohamed Bakali en su tienda de la calle de Tribulete. Su delito, ser propietarios del establecimiento que vendió a unos marroquíes unas tarjetas de móviles de una serie a la que pertenecía la tarjeta encontrada en el teléfono de la mochila de Vallecas.

Casi una hora más tarde, se detuvo al hermanastro de Zougam, Mohamed Chaoui, que regentaba otro establecimiento en la calle de Almansa. Uno de los inspectores de la UCIE que declaró el martes especificó que fue él quien, al revisar los cuadernos de contabilidad -«muy rudimentarios»- de la tienda de Chaoui el día 16 de marzo, se dio cuenta de que los IMEI coincidían con el del teléfono encontrado en la llamada mochila de Vallecas. Pero la detención y los malos tratos ya se habían producido tres días antes.

La Policía supo que un comercio mayorista, Telefonía San Diego, proporcionó la serie de teléfonos entre los que estaba el de la mochila de Vallecas a un establecimiento regentado por dos indios. Un policía nacional, llamado Ayman Maussili Kalaji, liberó 12 de esos teléfonos en su tienda. La Policía no detuvo a los que habían proporcionado el lote de teléfonos al minorista; ni a quien los había liberado; ni siquiera, en un primer momento, a quien físicamente los había vendido al público, sino a los dueños del establecimiento.

A este respecto, hay que señalar algunos datos. El mayorista que vendió los teléfonos Trium T110 relacionados con los atentados fue José Ramón Pascual Molinillo, el dueño de Telefonía San Diego. Se da la circunstancia de que es hermano de Vicente y Miguel Angel Pascual Molinillo, participantes en varias consultoras urbanísticas y relacionados con el clan de los constructores cercanos al PSOE madrileño que tantas páginas de periódicos llenaron en el entorno de Joaquín Leguina, Benedicto Mamblona y Rafael Simancas.

A nadie en su sano juicio se le ocurriría afirmar que se debería haber detenido al dueño de Telefonía San Diego. Vendió unos teléfonos, dentro de un negocio legal, y punto. Entonces, ¿por qué se arrestó a los dueños de los establecimientos que habían vendido en un mostrador público los teléfonos? ¿Por qué ni siquiera se detuvo al policía que liberó los teléfonos?

EL CALVARIO DE LOS INDIOS

No deja de ser curioso lo poco que se ha hablado de este funcionario, Ayman Maussili Kalaji. Los de Información no le tenían en gran aprecio por considerar que era un infiltrado del entorno del juez Garzón. Los de la Comisaría de Alcalá, tampoco, porque su ex mujer, Marisol R. S., también policía que trabajaba con ellos, les había contado detalles poco edificantes de su ex marido. La procedencia siria de Ayman, sus veleidades islamistas en Oriente Próximo y sus estudios en la Unión Soviética lo hacían aún más sospechoso de pertenecer a mundos nada claros.

Curiosamente, el establecimiento donde se liberaron los móviles, Test Ayman, llevaba el apellido del policía desde la constitución de la empresa, a pesar de que la montó José Carlos Serrano Gómez, el 7 de octubre de 1999 y de que Kalaji pasó a hacerse cargo de ella más tarde.

Pero centrémonos en el día 13 de marzo de 2004. El calvario de los dos indios fue parecido, en las primeras horas de la tarde, al de los tres primeros marroquíes detenidos. No sólo fueron expuestos al escarnio de la opinión pública -no fueron liberados hasta el 20 de abril-. También tuvieron que sufrir los malos tratos físicos a los que les sometieron en los calabozos de la UCIE, la misma unidad policial que ahora ha sido denunciada por Cartagena.

Hubo un testigo involuntario de lo que allí sucedió, alguien que hasta ahora no ha salido a la luz. Se trata de un ciudadano honrado que fue detenido también aquella tarde por el grave delito de hacer una llamada telefónica a un canal de televisión para preguntar un dato sobre una retransmisión deportiva.

UN PARTIDO DE FUTBOL DE SEGUNDA

J.M.O. -cuando hablamos con él no no quería que su nombre transcendiera- era un joven que aquella tarde del 13 de marzo del 2004, sábado, se dedicó a descansar viendo la televisión. Se trataba de un verdadero aficionado al fútbol, de los que no sólo se interesan por los grandes equipos o los partidos estelares. A las 17.45 horas comenzó a ver un partido de Segunda División.

En el descanso, se le ocurrió llamar a la centralita de Telemadrid para ver si podían informarle sobre si darían más datos de fútbol de Segunda en algún telediario.

Tuvo la mala suerte de que su llamada quedó registrada junto a la que esa tarde hizo alguien, con acento árabe, para anunciar que en una papelera cercana a la mezquita de la M-30 madrileña se había depositado un vídeo reivindicativo de la masacre.

El joven recibió de pronto una llamada de la Policía. Le preguntaron por la suya a Telemadrid y él trató de explicarles que había sido absolutamente intrascendente y que no entendía qué pretendían averiguar. Poco después, varios agentes se presentaron en su casa y se lo llevaron detenido.

Fue así como pasó en las dependencias policiales las peores horas de su vida. Coincidió con los cinco primeros detenidos del 11-M, los dos indios y los tres marroquíes.

De una manera involuntaria, y sin la presencia de ningún abogado, participó del caos que se produjo aquella noche en los calabozos. Pudo escuchar los gritos aterradores de los detenidos a los que estaban golpeando e insultando. Aquello no parecía tener fin.

El joven, que gestiona una inmobiliaria, aún tiene el miedo en el cuerpo. Él mismo fue presionado en un interrogatorio que, con su exquisita educación, calificó a este periódico como «inadecuado».

Aquella noche, los gritos de los detenidos produjeron tal desbarajuste en las dependencias policiales que el propio Comisario General de Información, Jesús de la Morena, bajó para poner orden y un poco de cordura en unos funcionarios que estaban demasiado afectados por las vivencias de los atentados.

El joven, testigo involuntario, a quien sería bueno que el juez Gómez Bermúdez tomara declaración, pudo demostrar poco a poco que su llamada a Telemadrid no tenía nada que ver con los acontecimientos del 11-M. Pero, mientras tanto, había escuchado demasiado.

«El horror de aquellas personas a las que golpeaban no se me va a olvidar». Alguien ajeno a los acontecimientos del 11-M y al juicio ha corroborado así las denuncias de malos tratos planteadas por varios de los imputados.

REFLEXIONES ININTELIGIBLES

Las reflexiones teóricas sobre el islamismo universal que desarrolló ante el juez el primer miembro de la UCIE que prestó declaración llevaron a Javier Gómez Bermúdez a cortar por lo sano por considerarlo «ininteligible». Como muy bien señaló Victoria Prego en su columna, aquello resultaba imposible no sólo de comprender, sino también de soportar.

Las divagaciones, dos días más tarde, de la analista de la UCI (Unidad Central de Inteligencia) provocaron incluso la sonrisa de los procesados, cuando afirmaba que los terroristas habían llegado a Alcalá en dos o tres coches -dando por supuesto que los terroristas fueron 12 y que cada uno de ellos llevó una mochila hasta los trenes-, para reconocer a continuación que no tenían la menor idea sobre ese tercer vehículo. Resultó tan patética como la declaración del experto islamista del Real Instituto Elcano que terminó reconociendo que no se podía verificar la procedencia ni la autoría del documento de internet que incitaba a los atentados y a la que tanta importancia se le dio en su momento.

En definitiva, era un documento anónimo que podía haber escrito cualquiera y que, por cierto, llegó a la opinión pública española en el momento oportuno, la semana siguiente de los atentados a pesar de haber sido captado dos meses antes. Y todo, gracias a la habilidad de un diplomático español destacado en el norte de Europa, que fue quien alertó de su existencia.

Pero además de las clases teóricas, los testigos policiales han aportado esta semana en el juicio datos bastante más sustanciales. Es curioso observar la insistencia de la UCIE en alejarse de Jamal Ahmidan. Han llegado a afirmar que no sabían nada de él hasta que comprobaron que se había inmolado en Leganés. Sin embargo, hay datos que contradicen frontalmente estas declaraciones.

LA UCIE INTERROGO A TRASHORRAS

En primer lugar, un miembro de la UCIE participó en Avilés en los interrogatorios de Emilio Suárez Trashorras -el 17 y 18 de marzo de 2004, 15 días, por tanto, antes de la explosión de Leganés-, donde se habló, casi de forma monográfica de Jamal Ahmidan. Por otra parte, fueron ellos los que solicitaron una orden de detención contra varios de los hermanos y parientes de Ahmidan a partir del 16 de marzo de 2004.

Uno de los testigos de la UCIE ha declarado en el juicio que la finca de Morata de Tajuña estaba vigilada desde el año 2002 por ser frecuentada por islamistas radicales. Más tarde dijo que se había abandonado la vigilancia cuando la célula de los islamistas pareció disolverse.

Sea como fuere, es absolutamente falso el dato de que Jamal Ahmidan llegó a la casa de Morata, tras firmar un contrato de alquiler, el 28 de enero de 2004. Jamal y su familia visitaron la casa de Morata durante los últimos cinco meses de 2003. Así lo demuestran las declaraciones de su suegra, Rosa María Inés Vicente, una zamorana de 53 años que aún no ha explicado satisfactoriamente por qué su nombre figuraba en una sociedad euro-libanesa, en la que teóricamente sólo consiguió un descubierto de nueve millones de pesetas,

Fue ella la que compró, ocho años antes del 11-M, el coche Opel Astra que más tarde usó Jamal Ahmidan. Pero no es cierto que el marroquí le quitara el coche de vez en cuando. Lo compró para él ya que ni ella ni sus dos hijas tenían carnet de conducir. Este coche fue robado en 2003, pero, como sucedió con la furgoneta Kangoo, los ladrones no forzaron la cerradura. Antes del robo, a Rosa le había desaparecido el juego de llaves.

LAS VISITAS A MORATA

Según las declaraciones que figuran en el sumario, Rosa vio el Opel en la finca en octubre de 2003. Había ido a visitar a Jamal con el hijo de éste, su nieto. Volvió a la finca de Chinchón en noviembre de 2003 y declaró que vio a Jamal con dos de sus amigos de toda la vida, los hermanos Oulad, «y otro muy bajito que era como su guardaespaldas».

El compañero sentimental de Rosa, Luis Juan Paredes Yzique, podría ser también un buen testigo en este sentido, ya que antes del 31 de diciembre de 2003 viajó muchas veces a la finca. Es curioso también que el domicilio de Rosa -en la calle de Pozas, número 4, de Madrid- fue el que dio Jamal Ahmidan cuando fue denunciado por posesión de cuchillos, el 5 de diciembre de 2003, en Buitrago de Lozoya, incidente en el que enseñó un pasaporte falso a nombre de Ben Sallah. Lo mostró a la Guardia Civil en esa y en otras ocasiones. También cuando le multaron en la ruta de Asturias hacia Madrid, el 29 de febrero de 2004, cuando teóricamente participaba en la caravana de los explosivos. Fue como si quisiera llamar la atención sobre el documento con el que alquiló la casa de Morata.

Resulta chocante que, siendo Jamal un fugitivo de la Justicia, tuviera guardada en su domicilio toda una serie de documentos auténticos como son: su permiso de conducir marroquí, número 593483; el acta de nacimiento, y el certificado de su matrimonio, expedido por el centro Cultural Islámico de Madrid, con la hija de Rosa, Rosa María Aguayo de Inés. La misma que se ha inventado, en una entrevista a un periódico, una llamada a Jamal en los últimos momentos del piso de Leganés sin darse cuenta de que esas llamadas están registradas y certificadas, según la versión oficial, sin que aparezca en esa fecha ningún posible contacto entre Jamal y ella.

DEMASIADA IMPUNIDAD

No se ha aclarado todavía por qué dejaron a Jamal salir de la cárcel marroquí, en el verano de 2003, sin haber cumplido su condena por asesinato. Tampoco se entiende por qué no tenía una orden de busca y captura internacional a pesar de eso, y a pesar de que se había fugado de un centro de acogida en 2000 en España, después de haber atacado con un spray a un policía. No se ha explicado cómo estando perseguido había conseguido los papeles para casarse y podía mantener un domicilio estable.

Se explica menos que pudiera moverse con naturalidad por el barrio de Lavapiés, donde era muy conocido desde hacía muchos años, o que pudiera comerciar con hachís en el País Vasco sin ser molestado ni por el entorno etarra ni por el policial.

El inspector de Avilés Manuel García Rodríguez, Manolón, no hizo nada por detenerlo a pesar de conocer sus trapicheos con la droga a gran escala y de comprobar -gracias a la información que le proporcionó Trashorras- que llevaba un carnet de identidad falsificado. Da escalofríos mencionar que todos esos datos pueden llevar a la conclusión de que Jamal Ahmidan tenía conexiones con las Fuerzas de Seguridad españolas y, por supuesto, con las marroquíes.

La contestación de uno de los inspectores de la UCIE -el mismo que dijo haber oído versiones contradictorias sobre el tiroteo de Leganés- produce inquietud. Tras la pregunta de si uno de los implicados trabajaba como confidente suyo afirmó: «Para nosotros, no». Faltó la pregunta siguiente: ¿Y para otros?

Cartagena declaró que había levantado la mano en una reunión en la que El Tunecino pidió mártires para la yihad. Pero luego añadió que el propio Serhanecolaboraba con la UCIE. Un miembro de esta unidad dijo en el juicio que era una lástima que las fuerzas policiales hubieran ido siempre «un paso por detrás». La realidad comienza a reflejar que lo que parece es que iban siempre un paso por delante. Tranquilos. Queda aún mucho juicio.