Las defensas de los implicados en el 11-M no pretenden desentrañar la verdad de lo que ocurrió. Les basta con demostrar que no existen pruebas suficientes contra sus defendidos. Y en eso están todos de acuerdo. Consideran que será muy difícil argumentar las condenas. También coinciden en que el secreto prolongado e innecesario de la instrucción les ha provocado una grave indefensión.

Son varios los abogados, anónimos para el gran público, que han estado impecables, como el caso de Carmen Pérez o Andrés Arévalo. Llamó también la atención el implacable Endika Zulueta.

Pero hoy vamos a fijarnos en Gerardo Turiel, al que sólo le faltó salir a hombros. El abogado de Emilio Suárez Trashorras utilizó toda la retórica de sus 50 años de oficio para demostrar a la Sala que su fama de buen catedrático no era gratuita. De hecho, y después de una lección sobre el derecho del enemigo, empleó argumentos sencillos y contundentes en cuestiones fundamentales.

Pero tal vez le sobraron algunos trucos. Aportó, por ejemplo, datos que no se corresponden con la realidad, en una intervención de más de tres horas en la que no nombró ni una sola vez a la Guardia Civil.

Es evidente, y así lo destacó su abogado, que a Trashorras no le da igual qué tipo de explosivo se utilizara en la masacre. Si no fue Goma 2 ECO lo que estalló en los trenes, ¿qué importancia puede tener el tráfico de dinamita de Mina Conchita?

Desgranó, con sentido común, la inconsistencia de las declaraciones de los dos únicos testigos que incriminan a su cliente, Gabriel Montoya, El Gitanillo, e Iván Granados. No tuvo que esforzarse en esto. Simplemente le recordó al juez que la lectura atenta de las manifestaciones contradictorias y caóticas de estos individuos es suficiente para llegar al convencimiento de que son respuestas fabuladas e inducidas.

¿MIENTE O NO MIENTE?

Pero, curiosamente, Turiel no quiso entrar en los dos argumentos claves con los que Emilio ha intentado demostrar su inocencia en estos años de prisión. El primero, es la presión que sufrió para aceptar ante el juez lo que la Policía quería que dijera. El segundo es que fue él quien insistió sobre la posible culpabilidad de los moritos a los que denunció como probables autores de la masacre.

¿O es que acaso el abogado no creyó a su cliente cuando éste afirmó, a través de EL MUNDO, que la Policía había fabricado su declaración? Recordemos que, según su versión, primero querían que denunciara a Jamal Zougan como el receptor de los explosivos de Mina Conchita. Luego le ofrecieron ser testigo protegido y librarse de sus cargos en la operación Pípol si decía lo que ellos querían. Le aseguraron que, si afirmaba que había visto los explosivos en poder de los marroquíes, haría un gran servicio al país y tendría seguridad y recompensas.

¿Usted no se lo cree, señor Turiel? Entonces, ¿nos engañó Emilio en sus declaraciones? Dijo en su brillante discurso que no fomentaba el trato con periodistas, que prefería mantenerlos lejos. No me parece un mal consejo. Pero Trashorras nos contó lo que nos contó y, sin embargo, el señor Turiel vino a reconocer en su alegato que su cliente podría haber facilitado el suministro de explosivos a El Chino y sus compañeros. Ya sé que lo hizo como segundo dique de contención. Se trataría de dejar una puerta abierta al tribunal para que sólo le acusen de suministro y no de todo lo demás, salvando por supuesto la cooperación necesaria y acogiéndose a eximentes por salud mental.

Sin embargo, no mencionó en su discurso de defensa que a Emilio le dictaron lo que tenía que decir ante el juez, que le engañaron en sus 14 horas de declaración voluntaria en Avilés, que incumplieron todas sus promesas después de mantenerlo unos días sin medicación y de encerrarlo en una cárcel madrileña.

Además, el señor Turiel, hizo en la defensa de su cliente algunas afirmaciones contundentes pero inexactas. Está en su derecho de dudar sobre la cinta de Cancienes, aquélla en la que Francisco Javier Lavandera contaba a las Fuerzas de Seguridad, en el verano de 2001, que existía en Gijón una banda de traficantes de dinamita, drogas, y billetes falsos.

Argumenta que el informante habló en esa grabación de un pacto de Emilio con la Policía meses antes de que realmente se produjera. Considera que ésa es la prueba de que la cinta se fabricó con posterioridad a los atentados en una fecha cercana a cuando se difundió en los medios, en otoño de 2004.

Le vamos a aportar algunos datos que contradicen su versión. El señor Campillo, miembro del Servicio de Información de la Guardia Civil al que Turiel convirtió en «policía», hizo un escrito fechado el 29 de agosto de 2001, firmado por él y sellado con un tampón oficial de la Benemérita.

En este informe, el propio agente hace un resumen de la conversación que acababa de tener con Lavandera y explica las circunstancias de la misma. El título textual del escrito es Conversación con denunciante una oferta venta de explosivos. Encima figuran a mano las palabras operación Serpiente.

EL ESCRITO ORIGINAL

El escrito, entre otras cosas, dice lo siguiente: «En relación con la denuncia formulada telefónicamente al C.O.S., de esta Comandancia el día 26 del presente mes de agosto [de 2001], por don Francisco Javier Lavandera Villazón, en el sentido de que había un individuo que le ofertó grandes cantidades de explosivos (y que él los vio personalmente), se participa que el día 28 del actual, por este servicio se mantuvo contacto telefónico [...] a fin de realizar una entrevista con el mismo, la cual fue grabada, y que el denunciante manifiesta los siguientes datos: 'Yo... esta gente, yo trabajaba en el Horóscopo, sin asegurar y sin nada; tengo, estoy allí, bueno... tengo serpientes, que era mi afición, y llévolas [sic] para que hagan streaptease unas húngaras con ellas'».

«[...] A continuación el ofertante le dice: 'No, no, es que yo tengo para vender 1.000 kilos de explosivos...'».

«[...] El caso es que, pasada una semana, el denunciante circulaba con su vehículo por Gijón y es adelantado por el ofertante con un coche rojo, cree que se trata de un Xsara, le toca el claxon repetidamente y le hace señas para que pare, una vez parados, el ofertante le dice, anda, ríe, ríete ahora, y abriendo el maletero trasero del vehículo le muestra un fajo de 40 o 50 kilos de explosivos, era Goma 2. Yo trabajé en la mina y eran cartuchos amarrados en fardos y ponía Goma 2 ECO [...]».

El informe está firmado de puño y letra por Campillo al lado de la fecha del 29 de agosto de 2001. Se añade una relación de documentos, entre los que se cuentan el recibo de seguro alusivo a la matrícula WO7GG1371 a nombre de Francisco Sierra Rodríguez, dos fotocopias sobre la documentación de un ciclomotor y una solicitud de seguro de automóviles de un Saab 9.000 matrícula B-5041-MH y documentación para realizar su transferencia.

El abogado Turiel ha defendido la falsedad de la cinta grabada a Lavandera alegando que en ella se hablaba de un acuerdo de Trashorras con la Policía para liberar a su cuñado, Antonio Toro. Hemos repasado minuciosamente la transcripción de la cinta y no es cierto. Lo que dice textualmente es que habían llegado a un acuerdo con la Policía para que no metiera en la denuncia de la Pípol los explosivos y que todo quedara en tráfico de droga.

«Los explosivos», se refiere Lavandera en la cinta a los de la operación Pípol, «estaban caducados, estaban en mal estado, creo, entonces hizo un trato con ellos [se refiere a Trashorras] o algo así y los explosivos no salen en la denuncia, según me dice el tal Emilio ése. Digo, ¡joder!, le van a caer unos cuantos años. Dice: 'No, pero está a punto de salir bajo fianza. Tienen que pagar dos millones o algo así. Ah, otra cosa, que marcha para Marruecos nada más salga [...]'».

De hecho Emilio Suárez Trashorras no pasó ese verano de 2001 ni siquiera un día en la cárcel. Nunca llegó a entrar. Si llegó a un trato con la Policía lo hizo desde el primer momento, cuando detuvieron a las 27 personas implicadas en aquella operación contra el tráfico de drogas y él quedó en libertad.

LAS MENTIRAS DE COMISARIA

Pero hay más. Francisco Gascón era el policía que estaba al frente de la oficina de denuncias de Gijón en aquel mismo verano de 2001. Ha pasado a segunda actividad. Los que le conocen saben que se ha quedado con una enorme frustración porque acudió a declarar como testigo a la vista oral del juicio del 11-M y salió de allí sin que nadie le preguntara lo fundamental.

Quería contarlo todo, pero sólo le dio tiempo a asegurar que era cierto que Francisco Javier Lavandera había acudido en julio de 2001 a la comisaría de Gijón para denunciar que había una banda de asturianos que traficaban con explosivos. También dijo que informó de que tenía relación con ETA.

Para Lavandera fue un alivio comprobar que, después de tantos insultos y de tanta campaña de descrédito, al fin un policía ratificaba su versión. Pero Gascón estaba dispuesto a decir más cosas. Por ejemplo, que sus superiores no dijeron la verdad al asegurar que no recordaban que hubiera ido nadie por comisaría para dar esa información. El jefe de día atendió a Lavandera y también le escuchó y tomó notas de sus informaciones, en su propio despacho, el jefe del MGO, el módulo operativo.

Años más tarde, cuando se destapó el asunto de la cinta, en 2004, todos sufrirían un ataque de amnesia. El 15 de noviembre de 2004, el jefe del MGO firmó un escrito en el que hacía constar que «no tuvo relación alguna, ni personal ni profesional con un denominado Fran el de las serpientes. Ni tuvo conocimiento de que hubiese estado en esta comisaría con funcionario alguno».

ROBOS EN MUCHAS MINAS

Lavandera informó sobre la oferta de venta de explosivos asturianos por parte de Toro y Trashorras en la comisaría de Gijón el domingo 8 de julio de 2001 a las 19.45 horas. Tuvo que repetir los datos esa noche, en tres ocasiones y ante personas de gran responsabilidad en la comisaría. No firmó ninguna denuncia porque él sólo pretendía, por razones de seguridad, dar una información sin que su nombre constara por escrito.

Francisco Gascón, un policía honrado, lo ratificó en la vista oral y está dispuesto a contar todo lo que sabe si el juez le requiere para ello. No hubo denuncia formal, pero se tomaron notas de todo lo que contó Lavandera. Éstos son los hechos y no hay nada que pueda cambiarlos.

Turiel reafirmó, con acierto, lo que ya había señalado el abogado Endika. Ha quedado acreditado que en Mina Conchita había desorden y dejadez a la hora de custodiar los explosivos a comienzos de 2004. Pero ni más ni menos que en decenas de explotaciones asturianas y del resto de España. Cualquiera pudo robarlo en cualquier parte. Ha quedado acreditado que los detonadores y la Goma 2 ECO con las numeraciones encontradas en Leganés llegaron a Caolines de Merillés, pero esta empresa tenía en la zona asturiana 16 explotaciones mineras además de Mina Conchita. Fue la propia Guardia Civil la que realizó un informe, que figura en el sumario, en el que consta la conclusión de que era imposible certificar que los explosivos hubieran salido de Mina Conchita.

El abogado Turiel cometió un lapsus al decir que Rafá Zouhier utilizó explosivos en 2001 para atracar una joyería en Asturias, el delito que le llevó a la cárcel de Villabona. Es falso. Todos saben, y así consta en las diligencias policiales, que fue un simple alunizaje con el coche en un establecimiento de un gran centro comercial. Los argumentos más contundentes los utilizó para pulverizar la veracidad de las declaraciones de El Gitanillo e Iván Granados, las únicas que acusan a Trashorras.

Antonio Alberca, el defensor de Rafá Zouhier, se atrevió a afirmar que la sociedad debiera estar agradecida de su cliente por toda su colaboración con las Fuerzas de Seguridad. Diseccionó los defectos de la instrucción sin necesidad de enmascarar nada. Enfatizó que Zouhier contó en su día lo que sabía de El Chino a su controlador Víctor después de que se lo hubiera contado a él Lofti Sbai. Fue éste quien intoxicó a todos sobre la personalidad radical de El Chino. Rafá se limitó a repetir, en su afán de colaborar y ganar puntos, lo que acababa de escuchar. Buscó desesperadamente datos y no aportó más porque no los pudo encontrar.

La denuncia del abogado de Zouhier contra la UCO es perfectamente asumible. Eran estos funcionarios los que conocían la venta de explosivos en Asturias desde, al menos, dos años antes de la masacre. Fueron ellos quienes no hicieron nada por detener a El Chino, a pesar de los datos concretos que aportó Zouhier. Trataron de borrar notas para camuflar -como mínimo- su negligencia.

Antonio Alberca ha dado datos que demuestran cómo en la ins- trucción se aportaron, a última hora, pruebas falsas para atribuir a su cliente inexistentes llamadas telefónicas en días clave. Ocultaron otras por exculpatorias. Alberca ha dicho que abramos todos muy bien los ojos para que nos demos cuenta de que los datos que aportaron todos los confidentes, en Asturias y en Madrid, no se quisieron aprovechar.

Todo comenzó, según él, con un policía, el inspector Kalaji, que fue quien liberó los teléfonos móviles presuntamente utilizados en los atentados. Y terminó con un policía, el inspector-vecino de Leganés, el que decidió sobre la marcha qué era lo que quitaba de en medio, incluida documentación sobre ETA, y qué era lo que dejaba entre los escombros. A este especialista en vigilancias y seguimientos, aún anónimo para la causa, ningún juez le ha preguntado todavía nada.

En este «¡sálvese quien pueda!» los abogados de las defensas tratan de disculpar a sus clientes aceptando hechos de la versión oficial aunque no se sostengan. Puede que ése tenga que ser su papel pero, desde luego, no es el nuestro.