Carmen Toro. (Foto: La Otra/Telemadrid)
MADRID.- La única mujer procesada por los atentados del 11-M, Carmen Toro, que no contestó durante su declaración en el juicio a las preguntas de la fiscal Olga Sánchez y las acusaciones particulares, ha asegurado, en respuestas a su abogado, que "no conocía nada de los negocios" de su entonces marido, Emilio Suárez Trashorras, pese a que, como destacó una acusación, lo acompañó a todas las reuniones en las que se habló de hachís. Ella estaba en la reunión del McDonald de Carabanchel en la que, según su marido, pactó con Jamal Ahmidan 'El Chino', la compra de 85 kilos de hachís.
La ex mujer de Trashorras, aseguró ante el juez que le queda "esa pequeña fe de que (su ex marido) no ha hecho nada". Carmen Toro, de 25 años y hermana de otro de los acusados por suministrar supuestamente los explosivos del 11-M, Antonio Toro, sólo quiso contestar a las preguntas de su abogada, Mónica Teresa Peña, a la que dijo que se encontraba "confundida" con todo lo que le había sucedido a raíz de casarse con Trashorras, el 14 de febrero de 2004.
Sólo admitió que sabía que "trapicheaba" con drogas, y sobre si le vio nervioso durante la luna de miel, respondió que él "es nervioso y está todo el día hablando por teléfono. También aseguró que confiaba en él y por eso se casaron, pero, ahora, "escuchas cosas" como que disfrutaba con mujeres" y piensas "que vengan aquí esas mujeres. Yo no tengo por que estar aquí".
Respecto a los amigos de su ex marido, explicó que no tenía relación con ellos porque eran mayores y "no me gustaban", y reconoció haber estado presente tanto en una reunión en el McDonalds de Moncloa, aunque "no me ubico", y en la finca de Chinchón en la que se montaron las bombas, pero sostuvo que ni habló con nadie ni escuchó nada de lo que allí trataron.
Carmen Toro está acusada del delito de suministro de sustancias explosivas, por el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, la menor de las penas pedidas a los 29 procesados por su relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. La fiscal refleja en su informe de conclusiones provisionales la existencia de numerosas llamadas a su teléfono de distintas personas relacionadas con la masacre y de varios de los jóvenes que trabajaban para su marido e intervinieron en el transporte de explosivos a Madrid.
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